Diputados habilitan por unanimidad tratamiento en Cámara de pliego para Juzgado de Familia, Niñez y Adolescencia

Política.

La comisión de Legislación de Asuntos Constitucionales y Justicia habilitó por unanimidad el pase al recinto del pliego de la Dra. Adriana Saralegui, para ser designada como juez de primera instancia con destino al Juzgado de Familia, Niñez y Adolescencia con asiento de funciones en la ciudad de Neuquén.

Saralegui obtuvo el primer lugar en el orden de mérito definitivo del Concurso Público de Antecedentes y Oposición Nº 165 del Consejo de la Magistratura y participó esta mañana de la entrevista de rigor que realiza la comisión A a los postulantes a cargos de juez/a, fiscal y defensor/a que requieren del acuerdo legislativo para su designación.

Durante su presentación, la postulante hizo un repaso de su formación y experiencia profesionales así como de su presente laboral en el fuero de familia del Poder Judicial. Recordó que el cargo al que aspira es en uno de los dos juzgados de primera instancia de Familia, Niñez y Adolescencia creados recientemente por medio de la Ley 3194 en el ámbito de la I Circunscripción Judicial.

El presidente de la comisión, Maximiliano Caparroz (MPN), explicó que “en esta comisión aprobamos el despacho que deberá ser votado por el pleno de la Cámara en la próxima Sesión” y habilitó a los diputados a realizar preguntas a la postulante.

La aspirante a jueza de familia dio su opinión respecto de la Ley 2785 de violencia familiar y doméstica y dijo que “se necesita una visión integral del problema para diseñar un plan estratégico articulado, no solamente excluir al agresor sino ver cómo contenemos a la víctima para que salga de la situación de violencia”.

Agregó que el Registro Provincial de Violencia Familiar y de Género recientemente creado por Ley 3233 “es una herramienta muy útil para disuadir, aunque hay que ver la reglamentación de la misma para ver cómo implementarla”.

Opinó, además, que “la violencia ya no es parte del ámbito privado, es un problema de la sociedad en su conjunto y así lo debemos abordar”.

En otro punto del orden del día, la comisión decidió solicitar por nota de presidencia a los ministerios de Seguridad y de Obras Públicas que informen respecto del nuevo edificio de la comisaría de la ciudad de Rincón de los Sauces.

En este sentido la diputada Ayelén Quiroga (JC) pidió conocer la fecha estimada de su inauguración porque “la comisaría se terminó en marzo pero aún no está en funcionamiento” y agregó que “la preocupación de los vecinos es que se traslade personal de la otra comisaría en vez de sumar nuevos efectivos”.

También durante la reunión se comenzó a debatir el proyecto que expresa beneplácito al presidente de la Nación Alberto Fernández por la intervención y rescate de la firma Vicentin SAIC.

El diputado Sergio Fernández Novoa (FT) dijo que “no hay un gobierno que viene a quitarle nada a nadie sino que viene a rescatar a una empresa que vivió una situación muy particular” e hizo un repaso de la actividad económica y productiva de la firma desde el 2015.

Opinó que “el 11 agosto de 2019, con las elecciones, empezaron los problemas para Vicentin y le siguió un declive muy importante que se profundizó después de octubre, que la llevó a tomar préstamos del Banco Nación, para finalmente en febrero de 2020 anunciar a sus acreedores que no podía cumplir sus compromisos por estrés financiero”.

César Gass (JC) resumió que si bien el relato del diputado Sergio Fernández Novoa “tiene razonabilidad” hay que señalar que “se vulnera el artículo 109 de la Constitución Nacional cuando se avasalla la jurisdicción de la provincia de Santa Fe donde estaba presentado un juicio concursal”.

Gass justificó el no acompañamiento a la iniciativa, en que “compartimos el diagnóstico pero no la solución” e informó que “hoy presentamos un proyecto rechazando este tipo de intervención porque no se respeta el estado de derecho”.

Su compañera de bancada, Leticia Estéves, agregó que “es una intervención de facto que hace el presidente avasallando otros poderes disfrazado en un salvataje” y opinó que “estamos dando malas señales”.

Por su parte, Andrés Peressini (Siempre) dijo compartir la expropiación “cuando es en beneficio de la sociedad” y recordó una gestión como intendente de Plottier, en la que buscaba expropiar tierras para hacer loteos sociales.

Finalmente dijo no acompañar la expropiación que plantea el gobierno nacional porque “no estoy convencido con la metodología empleada”.

El diputado Maximiliano Caparroz (MPN) expresó que desde el bloque del MPN “tenemos algunas dudas respecto de la expropiación y del mensaje que el presidente da a capitales inversores” e instó a “analizar si esta forma es la más pertinente para la situación argentina actual donde queremos captar y no expulsar inversiones”.

Expresó sus reparos con el segundo artículo de la iniciativa al considerar que “como Cámara no podemos indicarle a los legisladores nacionales qué tienen que hacer o que no tienen que hacer”.

El presidente de la comisión propuso dejar el proyecto en comisión “para seguir debatiéndolo y ver si puede conseguir el consenso para llevarlo a Sesión para conseguir la aprobación del pleno de la Cámara”.

Finalmente, se aprobó por unanimidad el despacho para prorrogar hasta el 30 de noviembre de 2023 la vigencia de la Ley 2981 para facilitar la escrituración de lotes y viviendas, fiscales y privadas, destinadas a la habitación única y permanente de personas individuales o grupos familiares, en el marco de la Ley 2191 -de Escrituración IPVUN-.

El despacho fue girado a la comisión B de Hacienda, Presupuesto, Cuentas y Obras Públicas.

Participaron de la reunión de comisión las diputadas María Laura du Plessis, Ludmila Gaitán, Karina Montecinos, Soledad Martínez, Leticia Esteves y Ayelén Quiroga, y los diputados Maximiliano Caparroz, Carlos Coggiola, Sergio Fernández Novoa, Fernando Gallia, Cesar Gass, Darío Peralta, Andrés Peressini y Mariano Mansilla.