Despacho para adherir a los métodos alternativos de resolución de conflictos de la Ley de Alquileres

Política.
La comisión de Legislación de Asuntos Constitucionales y Justicia (A) emitió despacho por unanimidad de la iniciativa que adhiere al título IV “Métodos alternativos de resolución de conflictos” de la Ley de Alquileres (ley nacional 27551). Lo propio hizo con el proyecto que modifica la ley 2786 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres, con el objeto de visibilizar la violencia política contra las mujeres.
El diputado Sergio Fernández Novoa (FdT) explicó que la Ley de Alquileres rige desde el 1º de julio de 2020 en nuestra provincia como en todo el país y que no es necesario adherir a ella por ser una “ley de fondo”, pero que los métodos alternativos de resolución de conflictos a que refiere en su título IV “no están reglamentados en la provincia de Neuquén”.
En ese sentido, Fernández Novoa señaló que tras la consulta al Poder Judicial de la provincia se introdujeron modificaciones en el proyecto de ley para incluir en su artículo 2º que se encomienda al Poder Judicial “instrumentar ámbitos de mediación y arbitraje previos y obligatorios, gratuitos o de bajo costo para la resolución de conflictos derivados de la relación locativa”. Asimismo, en la nueva redacción que consiguió despacho unánime se incluye un artículo 3º para que el Poder Judicial deba “realizar las adecuaciones presupuestarias necesarias para garantizar la implementación de la presente ley”.
El presidente de la comisión, Maximiliano Caparroz (MPN) informó a los integrantes de la misma que desde el TSJ se manifestaron de acuerdo con la iniciativa y que enviaron una serie de recomendaciones que fueron recogidas en la nueva redacción compartida por Fernández Novoa.
La iniciativa contó con el acompañamiento de las diputadas y diputados María Laura du Plessis, Maximiliano Caparroz, Ludmila Gaitán, Sergio Fernández Novoa, Soledad Martínez, Darío Peralta, César Gass, Karina Montecinos, Carlos Coggiola, Andrés Peressini, Fernando Gallia, Andrés Blanco y Francisco Rols.
Por otro lado, el cuerpo adhirió por unanimidad al despacho de comisión de Desarrollo Humano y Social (C) que busca modificar la Ley 2786 -de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres- para incluir la definición de violencia política contra las mujeres.
La diputada Ayelén Gutiérrez (FdT) hizo un repaso del tratamiento de este proyecto en la comisión “C” donde se le realizaron algunas reformas y dijo que el mismo busca incorporar a la ley provincial “una modificación que ya se hizo a nivel nacional y que incorpora la tipificación de la violencia política”. Agregó que el actual proyecto toma la definición nacional de violencia política contra las mujeres como “la que se dirige a menoscabar, anular, impedir, obstaculizar o restringir la participación política de la mujer vulnerando el derecho a una vida política libre de violencia y/o el derecho a participar en los asuntos públicos en condiciones de igualdad con los varones”.
La legisladora consideró necesario que la definición sobre violencia política que se tomó a nivel nacional sea incorporada a nuestra provincia porque “significa siempre estar visibilizando los tipos de violencia que se ejercen hacia las mujeres y que muchas veces nos impide desarrollar nuestra vida en los distintos ámbitos con normalidad”.
La iniciativa contó con el acompañamiento de las diputadas y diputados Caparroz, du Plessis, Gaitán, Fernández Novoa, Martínez, Peralta, Gass, Montecinos, Coggiola, Peressini, Gallia, Blanco y Rols, y será girada a la comisión “B” para su tratamiento.
Formaron parte de la reunión de la comisión ‘las diputadas María Laura du Plessis, Ludmila Gaitán, María Soledad Martínez, Karina Montecinos y Ayelén Gutierrez, y los diputados Maximiliano Caparroz, Andrés Blanco, Carlos Coggiola, Sergio Fernandez Novoa, Fernando Gallia, Cesar Gass, Darío Peralta, Andrés Peressini y Francisco Rols.