Repudian represión a pobladores que reclaman audiencia pública por represa hidroeléctrica sobre el Nahueve
José Cusit
Publicado en octubre 16, 2020
Nacionales.
El diputado Andrés Blanco (PTS-FIT) presentó un proyecto de repudio a la represión ordenada por fiscal jefe Fernando Fuentes y llevada a cabo violentamente por el Grupo Especial de Operaciones Policiales (GEOP) en el acampe pacífico de las Asambleas por el Agua del Norte Neuquino, en cercanías al puente del río Nahueve días atrás.
En su articulado, la iniciativa rechaza también la formulación de cargos realizada por el Ministerio Público Fiscal a las personas detenidas por usurpación, impedimento del funcionamiento del transporte terrestre y violación de medidas para impedir la propagación del COVID-19 en el marco de la pandemia, en Villa Nahueve.
Finalmente, la propuesta expresa solidaridad con el sector de la población (pobladores y pobladoras, campesinos y campesinas, organizaciones del pueblo mapuche, docentes, estudiantes y organizaciones ambientales), que exigen la suspensión de las obras del proyecto de Aprovechamiento Multipropósito sobre el río Nahueve. Los pobladores reclaman que se lleve a cabo una consulta popular y un estudio de impacto ambiental previo por parte de profesionales de universidades públicas no comprometidos con intereses privados.
Los fundamentos mencionan que el proyecto deriva de “la preocupación ante la brutal represión sufrida el día 14 de octubre de 2020 por las Asambleas por el Agua del Norte Neuquino”. Durante el operativo, la policía golpeó a mujeres, niños y niñas, personas mayores, y detuvo a una docena de personas, incluyendo un menor de edad, mujeres, estudiantes, y al directivo de una escuela. Explican que un grupo de asambleístas se encontraban acampando pacíficamente en una propiedad, como modalidad de protesta ante el “avance inconsulto de las obras para la construcción de la represa hidroeléctrica sobre el río Nahueve”. Ante las medidas impulsadas por la Fiscalía, el diputado asegura que “defender el territorio no es un delito, es un derecho”.
El proyecto de declaración (13847) ingresó por Mesa de Entradas el 15 de octubre.
