SEJuN pide pronta sanción de la ley de recomposición salarial para trabajadores judiciales

Política.

La comisión de Legislación del Trabajo y Asuntos Laborales (I) recibió hoy a dirigentes del gremio Sejun, quienes pidieron que la Legislatura apruebe antes de fin de año el incremento salarial propuesto por la organización sindical en un proyecto de ley recientemente presentado. A la vez, el cuerpo que preside el diputado Sergio Fernández Novoa (FdT) recibió al delegado neuquino del INAES, Ignacio Armidas, y al abogado de la cooperativa ADOS, Juan Carlos Fernández, en el marco de un proyecto que solicita información sobre la situación sumarial de trabajadores asociados.

Durante su alocución, el secretario general de Sejun, Edgardo Cherbavaz remarcó la necesidad de aprobar una ley para habilitar la recomposición en los haberes de los trabajadores judiciales, al tiempo que cuestionó la asimetría salarial al interior del Poder Judicial y denunció su falta de autarquía financiera y política.  

Al referirse al incremento salarial solicitado, Cherbavaz destacó que la propuesta presentada días atrás implica una recomposición salarial para trabajadores y no para funcionarios ni vocales del TSJ, órgano que no habilitó –según indicó el dirigente – ninguna instancia de diálogo durante el año. 

Cherbavaz dijo que el Poder Judicial “está encorsetado dentro del presupuesto” y en ese sentido explicó que si no se aprueba la ley de actualización salarial en las últimas sesiones de la Legislatura, el plantel trabajador judicial no contará con recuperación salarial hasta marzo del año próximo, lo que afecta directamente a 1800 trabajadores.

En su intervención, Cherbavaz aseguró que la autarquía financiera del Poder Judicial “está en crisis” en tanto requiere de aportes mensuales del orden del 35% de su presupuesto por parte del Ejecutivo para su efectivo funcionamiento.

Asimismo, dijo que “existe una situación de asimetría salarial” dentro de la estructura del Poder Judicial y, bajo esa distorsión, mencionó que un juez cobra más de 535 mil pesos mensuales, mientras que un ingresante se ubica diez veces por debajo de dicho valor, “rozando el límite de la pobreza”. Remarcó que el 60% de las erogaciones destinadas a masa salarial “se la llevan los magistrados”.

En otro orden, el dirigente judicial cuestionó la afectación del derecho a huelga de los trabajadores sobre los que recaen medidas sancionatorias “disciplinatorias”, con descuentos y suspensiones frente a los reclamos de incremento salarial. En ese sentido, indicó que se llegó a una “pérdida de la libertad sindical” y denunció una “doble vara” que sanciona a trabajadores mientras que “al fiscal Santiago Terán le otorgan licencia por enfermedad hasta la finalización del jury para gambetear la sanción ejemplificadora que tiene que tener cualquier miembro del Poder Judicial ante una conducta como la que tuvo” el funcionario judicial.  

A su turno, Héctor Andrés -Secretario Gremial y Relaciones Intersindicales e Institucionales de Sejun- se refirió al desfasaje que tuvo la última actualización salarial, acordada el año pasado, que generó pérdida del poder adquisitivo y finalizó con el pago de una suma fija porque el Tribunal se negó a continuar con el planteo de un ajuste en función del IPC, tal como el Ejecutivo estaba negociando con los gremios estatales, según dijo el dirigente.
Andrés explicó que el proyecto en debate “corrige” la distorsión que genera la relación asimétrica salarial actual al interior del Poder Judicial con un piso del 40% hasta llegar a un 50% de incremento. “Si hoy hay pocos recursos, lo que se debe hacer es distribuir de otra manera y romper con esa relación gradualmente”, enfatizó el dirigente.
En otro tramo de su intervención, Andrés aseguró que la administración judicial “miente” sobre la cantidad de cargos vacantes para el próximo año –proyectadas en el presupuesto 2021-. Dijo que se proyectan 2414 puestos para la planta judicial, pero que en la actualidad son 2170 los agentes judiciales y funcionarios. Eso significa que se destina un “10% de la masa salarial para conversiones de categorías que usa el TSJ todos los años”, denunció Andrés.
Desde ADOS explican procesos sumariales a asociados
En otro orden, el cuerpo recibió a Ignacio Armidas -delegado neuquino del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) – y a Juan Carlos Fernández –letrado de la cooperativa ADOS-. Lo hizo en el marco del proyecto que solicita información sobre la situación sumarial de asociados que denunciaron condiciones de bioseguridad e higiene inadecuadas en el contexto de pandemia. 
Fernández dijo que ADOS afrontó una “situación extrema” a mitad de año ante la inminente quiebra de la cooperativa y ante el incremento de los casos positivos de COVID-19 en la capital neuquina. El abogado reconoció que los sumariados no percibieron el anticipo de excedentes (salario cooperativo) pero dijo que el resto de los asociados tampoco recibió el total de los excedentes, por la situación financiera de la cooperativa. Fernández destacó que se mantuvieron las 220 fuentes de trabajo de la cooperativa frente al “inminente cierre del policlínico” en junio, y remarcó que desde la cartera de Salud rechazaron, por improcedentes, las medidas de bioseguridad reclamadas por los asociados sumariados. 
A su turno, desde el INAES, Armidas explicó que el organismo tomó conocimiento de la situación a principios de este mes a partir de la información remetida por parte de seis asociados que denunciaron irregularidades en un acta del Consejo de Administración referidas a la denuncia por las condiciones de bioseguridad realizada por los asociados en cuestión. Ante el hecho, el INAES intervino notificando al Consejo Administrativo, el que remitió un informe que el INAES derivó a los denunciantes, quienes cuentan con un plazo de tres meses para responder. 
Armidas remarcó que la autonomía de las cooperativas está determinada por la ley nacional en la materia, los estatutos y los respectivos reglamentos internos. Este esquema normativo determina que el accionar del INAES se circunscribe como órgano de control e interviene ante una denuncia formal, según informó.
Participaron de la reunión los diputados Sergio Fernández Novoa, Lucas Castelli, Andrés Blanco, Germán Chapino, Carlos Coggiola y Carlos Sánchez; y las diputadas María Laura du Plessis, Soledad Martínez, Lorena Parrilli, Ayelén Quiroga, María Fernanda Villone y Patricia Jure.