Suma adhesiones la propuesta de reinserción laboral para personas víctimas de trata

Política.

La comisión de Legislación del Trabajo y Asuntos Laborales (I) avanzó hoy en el tratamiento de la ley de inclusión laboral para personas víctimas de distintos tipos de trata y/o explotación. En la ocasión, el cuerpo que preside el diputado Sergio Fernández Novoa (FT) recibió al presidente de la Fundación Irene, Iván Benzaqué, organización dedicada a la lucha contra el delito de la trata de personas. Por el mismo tema, la comisión recibió una nota de la Subsecretaria de las Mujeres, Patricia Maistegui, en la que se pronuncia a favor de una norma legal que contemple el acceso al empleo formal, tanto público como privado, de las personas víctimas de trata. El debate continuará con la participación de otros actores vinculados a la materia en la próxima reunión de comisión.

Benzaqué –quien participó del encuentro de manera virtual- apoyó la iniciativa, al tiempo que hizo una serie de observaciones para garantizar la “aplicabilidad” de la norma. Mencionó por caso, la necesidad de especificar los sujetos que serán considerados beneficiarios, partiendo de diferenciar que, luego de una situación de explotación o trata de personas por motivos sexuales –por ejemplo- algunas veces se produce la denuncia, otras veces se llega a la instancia de juicio y otras tantas no llegan si quiera a ser denunciadas.

Asimismo, remarcó la importancia de contemplar el abordaje desde el área de Salud, acompañamiento “indispensable” para estos casos en forma previa a concretar la oportunidad laboral. En ese sentido, explicó que muchas personas rescatadas presentan problemas de consumos problemáticos que deben ser abordados “antes de la reinserción laboral para poder sostenerla”, y sostuvo por caso que el Protocolo de actuación vigente dispone un acompañamiento mínimo de seis meses desde las áreas de Salud y Desarrollo Social.

Por último, pidió que se garantice la total confidencialidad de los datos que figuren en el registro único de aspirantes víctimas de trata y explotación de personas a los puestos laborales requeridos en el ámbito público y privado, tal como lo estipula la propuesta en debate.

En tanto, en la nota remitida al cuerpo, Maistegui suscribe “total acuerdo con que las personas víctimas de trata tengan acceso al empleo formal tanto público como privado” en tanto representa “parte de la reparación del daño que ocasiona ese delito que vulnera los derechos humanos de las víctimas”.

La funcionaria también puntualizó en una serie de sugerencias, entre las que figuran: definir si las personas de derechos considerados son de trata sexual, laboral y/u otra forma considerada en la ley nacional; y aclarar si la ley aplicará a víctimas de trata con sentencia firme, o aquellas que están transitando en cualquier etapa del proceso de trata (captación, traslado y acogida).

Finalmente, expresa que “resulta imprescindible” contemplar un acompañamiento asistencial, en tanto que la mayoría de los casos de trata para explotación sexual, sufre estrés post traumático y la recomposición de la psiquis y la autoestima, requiere de un acompañamiento psicosocial por profesionales capacitadas en la temática.

El tema permanecerá en agenda con la participación de la funcionaria provincial Carolina Luzuriaga y de la delegación nacional del “Comité Ejecutivo de Lucha contra de la Trata y Explotación de Personas”. Se prevé también la participación de la delegación de Catamarca de dicho Comité, en tanto jurisdicción que ya cuenta con una ley vigente en la materia.

En otro orden, la comisión acordó remitir un pedido de informe –desde la presidencia del cuerpo- al Ministerio de Producción e Industria y a la Subsecretaría de Trabajo, sobre la situación actual de la planta embotelladora de agua mineral de Santo Tomás.

Estuvieron presentes los diputados Sergio Fernández Novoa, Lucas Castelli, Fernando Gallia, Germán Chapino, Mariano Mansilla y Luis Aquín; y las diputadas María Fernanda Villone, Lorena Parrilli, Karina Montecinos, Teresa Rioseco y María Laura du Plessis.