Expusieron sobre el proyecto que crea el Registro Provincial de iglesias, confesiones, comunidades o entidades religiosas

La comisión de Legislación de Asuntos Constitucionales y Justicia (A) recibió al subsecretario de Ciudades Saludables y Prevención de Consumos Problemáticos, Hernán Ingelmo; al director General de Religión y Culto, Franco Della Valentina, y a la representante de la Iglesia Cristiana Metodista Pentecostal de Neuquén, Julia Jaramillo, para avanzar en el debate del proyecto de ley que crea el Registro Provincial de iglesias, confesiones, comunidades o entidades religiosas.

Ingelmo explicó que la iniciativa se trabajó durante varios años en conjunto con gran parte de las comunidades religiosas de la provincia y que el resultado “es fruto del diálogo institucional positivo con las iglesias de distintos cultos que, a partir del nuevo Código Civil del 2015, se encontraron con la dificultad de ser reconocidas formalmente como instituciones religiosas”. 

A su vez, contó que actualmente las iglesias se ven forzadas a inscribirse como asociaciones civiles o simples asociaciones pero que “no es lo que quieren porque no lo son y, además, muchas de estas iglesias – pero especialmente las más chicas – necesitan acceder a beneficios sociales o a financiamientos que esa figura no les permite”. 

El funcionario también detalló que desde la provincia se viene trabajando fuertemente en la materia contando en la actualidad con 11 direcciones de culto, desde donde se abordó el proyecto con las distintas instituciones que, además, sumaron más de 170 avales que se incorporaron al expediente.

Finalmente, Ingelmo insistió en que “esta ley no quita derechos otorgados en la legislación nacional sino que aporta más derechos” e hizo hincapié en distintos beneficios que, “entre otras cosas, les permitirá denominarse como iglesias y no como asociaciones civiles, tener empleados y firmar convenios con otras instituciones”.

Por su parte, Jaramillo aseguró que “este vacío que existe desde 2015 en la legislación no le permite a las iglesias con la titularidad de los inmuebles, no pueden tener clave de identificación tributaria porque no pueden tener CUIT y, con ello, se ven impedidos de obtener exenciones o tarifas sociales”.

Desde la Dirección General de Religión y Culto, Della Valentina señaló que “el nuevo Código Civil incorporó la entidad religiosa pero la provincia no las puede inscribir como tales porque considera que son dos entidad jurídicas al mismo tiempo”.

Por último, agregó que la iniciativa es “una herramienta para ser usada por quienes la necesitan y explicó que los registros, tanto el nacional como el provincial, son de inscripción voluntaria y que, de hecho, sólo un tercio de las instituciones religiosas están inscriptas y lo hicieron antes del 2015”. 

Por su parte, desde el Frente de Todos, Darío Peralta pidió la opinión de la división de persona jurídica de la provincia porque “muchos pastores encuentran las trabas en ese organismo dado que el trámite es engorroso”. También opinó que “este registro provincial parece un trámite más para las iglesias que puede dificultar todavía más su situación”.

El presidente de la comisión, Maximiliano Caparroz (MPN) propuso dejar el proyecto en comisión para continuar su estudio.

La comisión A también prosiguió el análisis del despacho de la comisión de Hidrocarburos, Energía y Comunicaciones (J), por el cual se crea la servidumbre administrativa de servicios de tecnologías de la información, la comunicación y las telecomunicaciones.

Al respecto, la diputada María Laura du Plessis (MPN) explicó que la iniciativa se trabajó en la comisión de origen con los distintos bloques que “hicieron aportes y propuestas hasta lograr un consenso en la regulación de la relación contractual entre el propietario de las tierras donde se instalaría una antena y la empresa prestataria”. Recordó, además, que esta relación contractual puede darse entre dos privados o entre el Estado y un privado ya sea que el Estado sea el dueño de las tierras fiscales y el privado una empresa que brinde el servicio, o, al revés.

Caparroz explicó que, recientemente se sumaron dos aportes de distintos bloques que requieren ser analizados, por lo que propuso continuar su estudio en la comisión.

Por último, el cuerpo emitió despacho por unanimidad del proyecto de comunicación que solicita a la Inspección General de Justicia (IGJ) de la Nación, informe sobre las denuncias vinculadas a los contratos de planes de ahorro previo para la adquisición de automóviles.

El autor de la iniciativa, Carlos Coggiola (PD) detalló que se busca conseguir un informe sobre el ejercicio de control y las resoluciones adoptadas “a partir de los muchos reclamos de suscriptores de planes de ahorro que, en muchos casos devinieron en denuncias de abusos por parte de las concesionarias, algunos de las cuales han llegado a la Justicia”.

Coggiola explicó que ante la difícil realidad económica actual se han generado numerosos reclamos de suscriptores ante la Defensoría del Pueblo, convirtiéndose en el reclamo más importante que tramita ese organismo. Por ello, “se vuelve todavía más importante ejercer un control sobre estos contratos que, en muchas ocasiones, contienen cláusulas abusivas o leoninas”, continuó.

La iniciativa contó con el acompañamiento de las diputadas y diputados Caparroz, du Plessis, Gaitán, Martínez, Peralta, Montecinos, Coggiola, Peressini y Sánchez.

Formaron parte de la reunión de la comisión A, las diputadas María Laura du Plessis, Ludmila Gaitán, Soledad Martínez y Karina Montecinos, y los diputados Maximiliano Caparroz, Carlos Coggiola, Darío Peralta, Andrés Peressini y Carlos Sánchez.

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