Pasa al recinto el pedido para que autoridades nacionales, provinciales y municipales intervengan en la restitución de la Torre de Periodistas

La comisión de Derechos Humanos, Peticiones, Poderes y Reglamento (G) emitió despacho por unanimidad del proyecto por el cual se solicita al presidente de la Nación Argentina, al Ministerio de Defensa de la Nación, a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, al gobernador de la provincia del Neuquén y al intendente de la ciudad de Neuquén, intervengan para disponer el desalojo y restitución a sus legítimos propietarios de las viviendas de la Torre del Periodista y del Centro Cultural Dr. Enrique Pedro Oliva. Lo hizo tras recibir al Sr. Dante Lombardo, al Cr. Enrique Drussi, la Sra. María del Carmen Vidal, la Sra. Karina Rayen Reynoso, al Sr. Víctor Reynoso, y al Sr. Diego Flores Giménez.

Durante su presentación, Dante Lombardo explicó los motivos del petitorio que los damnificados de la Cooperativa de Periodistas presentaron a las legisladoras y legisladores de la comisión G “para que nos ayuden a llegar con nuestro reclamo a las autoridades nacionales, provinciales y municipales y que ellos tomen acciones políticas que reviertan las injusticias que sufrimos”.

El periodista de 90 años, que fuera director de LU5 explicó además que “desde el 2010, los periodistas y reporteros gráficos venimos a la Legislatura a pedir que nos ayuden a recuperar nuestras propiedades y con diversas resoluciones, declaraciones y comunicaciones que se sancionaron contribuyeron a que podamos avanzar en esta causa”. Sin embargo, Lombardo recordó que “luego de 39 años de democracia seguimos sin la reparación histórica, ni patrimonial porque la justicia sigue ausente”. 

En su intervención, Enrique Driussi recordó que “la cooperativa de periodistas se conformó en el año ’69 y los socios aportantes lo hicieron entre el ’71 y el ’75, pero el 24 de marzo del ’76 toda la documentación de la cooperativa fue robada y, en su lugar, en el ’78 hicieron un boleto de compraventa fraudulento para apropiarse del edificio”. 

Por su parte, Reynoso detalló: “Soy el único periodista que queda viviendo en la torre y he vivido amenazas, asedios, persecuciones y atentados a la propiedad, además de que me hicieron tres juicios muy costosos que me cuesta mucho hacer frente como jubilado. Todo porque quieren sacarme de mi propiedad”.

Reynoso recordó que fue firmante de la demanda junto con Osvaldo Arabarco y Dante Morosani y que “en esos años de la Dictadura les dijeron: ‘Aténganse a lo que viene’, y así fue”. Asimismo, señaló que han cursado comunicaciones con Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, ministros de distintas carteras, y que hace una semana decidieron hacerlo también con el presidente de la Nación y la vicepresidenta, “porque ya no sabemos qué hacer; y entendemos que lo que hace falta es una decisión política para que nos restituyan lo que es nuestro”.

La diputada Soledad Salaburu dijo que “conocemos muy bien el reclamo de hace muchos años que es una de las tantas aberraciones cometidas en la Dictadura y creemos que con esta comunicación podemos lograr esa decisión política que resuelva esta situación”. Sin embargo, instó a que se sumen otras instancias para invitar a quienes puedan responder en qué estado se encuentra la causa. En ese sentido pidió convocar a referentes de la Agencia de Bienes del Estado (ABE), del Ministerio de Defensa, del Ministerio de Justicia y la Secretaría de DDHH.

Desde el PTS-FIT, Andrés Blanco señaló que “la restitución de la torre de Periodistas implica la caída de los últimos bastiones de lo que queda de la Dictadura”, y recordó que tras 46 años de lucha sus damnificados aún no han obtenido justicia.

Desde el MPN, Ludmila Gaitán propuso que el despacho que se sancione sea una comunicación, por ser la herramienta legislativa adecuada para el fin que se busca y adelantó el voto favorable de su bloque.

Votaron a favor de la propuesta las diputadas y diputados Gass, Villone, Abdala, Gaitán, Campos, Blanco, Salaburu y Montecinos.

Por otro lado, el presidente de la comisión G, César Gass (JC) propuso comenzar en la próxima reunión de la comisión con las entrevistas en el marco del análisis de la nómina de los postulantes propuestos por las organizaciones de derechos humanos, sociales, académicas y de profesionales involucrados para formar el Comité Provincial para la Prevención de la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. 

“Es momento de que le demos forma a la composición de este comité y ya nos han elevado seis postulantes de los que tendremos que seleccionar cinco”, destacó Gass.

Formaron parte de la reunión, las diputadas María Fernanda Villone, Lorena Abdala, Ludmila Gaitán, Elizabeth Campos, Soledad Salaburu y Karina Montecinos, y los diputados Gass y Andrés Blanco.

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