Despacho al proyecto que les pide a los gobiernos locales la protección de la actividad productiva ante el crecimiento urbano

La comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable (H) emitió despacho al proyecto de comunicación que le solicita a los distintos estamentos ejecutivos medidas de resguardo de las zonas productivas y sus sistemas de riego, frente al crecimiento exponencial del desarrollo urbanístico y la pérdida de miles de tierras productivas en el Alto Valle. Así lo votó hoy el cuerpo que preside la diputada Lorena Abdala (MPN) tras varias reuniones de debate en las que distintos referentes en la materia solicitaron nuevos lineamientos de ordenamiento territorial para el equilibrio entre el desarrollo urbano y el productivo.

En efecto, de la reunión de esta mañana participaron las autoridades del Colegio de Arquitectos, quienes también pidieron por una nueva legislación de planificación urbanística y por la creación de un ente autónomo y de profesionales que elabore un plan integral de acción”, dijo Diego López de Murillas, titular del Colegio.

Durante su alocución, López de Murillas indicó que se necesitan “nuevos instrumentos legales” para alcanzar el equilibrio necesario entre el desarrollo urbanístico y la protección de la producción frutícola y de animales de la región. “Lo que no está escrito, es un espacio que aprovecha la especulación inmobiliaria” señaló en tal sentido, tras informar que en los últimos cuatro años, la obra privada alcanzó los 300 mil mts2 en la capital, con un promedio a mil dólares el valor del metro2, lo que arroja un total de ingresos mensuales de 22 millones de dólares. Tal “poder económico es muy fuerte y difícil de afrontar con un argumento urbano” que retome una visión integral equilibrada, sintetizó.

“Todo lo que no logremos, después lo tenemos que pagar”, dijo López de Murillas al hacer referencia a las consecuencias de los incumplimientos normativos de urbanización, tales como el Código de la construcción. Mencionó como uno de los principales factores “la velocidad” que adquiere la obra pública para evitar que se desvalorice la inversión original.

Al ser consultado por su opinión respecto de la proliferación de barrios cerrados en la capital neuquina, López de Murilllas aseguró que “la conformación de las ciudades tiene que abandonar el concepto de realizar barrios privados” en tanto generan “diferencia y segmentación que no es positiva” para la sociedad. Vinculó dichas urbanizaciones con el “crecimiento vertiginoso” de la densidad poblacional en particular en la zona de la Confluencia.

Por su parte, el secretario del Colegio, Guillermo Lagger coincidió en la necesidad de incorporar “una visión territorial” para definir los perfiles de las distintas áreas urbanas a fin de poder, en primera instancia, brindar respuestas a las problemáticas que surgen justamente por la falta de planificación.

Tras la intervención de los representantes del Colegio, la comisión emitió despacho unánime al proyecto que solicita al ejecutivo provincial, a los municipios y a las comisiones de fomento acciones de resguardo de las unidades productivas y sus sistemas de riego, para garantizar la soberanía alimentaria, los pulmones verdes y la tradición de producción agropecuaria.

El objetivo del pronunciamiento “es poner sobre la mesa” la temática, dijo el diputado José Ortuño López (MPN), quien no descartó un debate posterior que concluya en la redacción de una nueva normativa de ordenamiento territorial a futuro.

Si bien acompañó la iniciativa, la diputada Soledad Salaburu (FdT) hizo reparos en el acotado alcance que tendrá la medida, por lo que pidió iniciar un debate de otras propuestas vinculadas al ordenamiento y al planeamiento urbano. Cuestionó la falta de regulación ante loteos no autorizados y que no se haya reglamentado aun la ley de agricultura familiar, sancionada en el 2020.

En otro orden, el cuerpo acordó realizar una visita al laboratorio y al vivero de la Facultad de Ciencias del Ambiente de la Universidad Nacional del Comahue (UNCO) en el marco del proyecto que propone la creación de una nueva estructura gubernamental de restauración ecológica y lucha contra la desertificación.

Finalmente, la comisión decidió consultar opinión a la Secretaría de Ambiente y a la Dirección de Obras Públicas por la iniciativa que implementa el programa “Arbolado Público Provincial”, que incorpora la exigencia de un mínimo de forestación en los proyectos de los contratistas adjudicatarios de obras públicas.

Estuvieron presentes Lorena Abdala, Soledad Salaburu, Mariano Mansilla, Ludmila Gaitán, José Ortuño López, Andrés Peressini, Víctor Pino, Carlos Coggiola y Carina Riccomini.