La comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia votó por mayoría el proyecto de ley enviado por el gobernador Rolando Figueroa para establecer un sistema de peajes con el objetivo de financiar la construcción, el mantenimiento y la reparación de rutas provinciales. Tras un extenso debate y con modificaciones a la redacción original, la iniciativa continuará su tratamiento en la comisión de Hacienda y Presupuesto.
El despacho fue aprobado con el voto afirmativo de los bloques de DC-Comunidad, MPN, PRO-NCN, Hacemos Neuquén, Neuquén Federal, Juntos, Avanzar y JxC-UCR. En tanto, los bloques UxP y PTS-FIT-U lo hicieron en contra.
El proyecto crea una contribución especial por peaje con el objetivo de instituir un sistema de financiación de obras viales de la provincia y su mantenimiento o reparación; y establece como prioritarias los tramos de las rutas 7, 17, 51 y 67 al tiempo que faculta al Poder Ejecutivo a incorporar nuevas rutas provinciales o nacionales cedidas por la Nación para su mantenimiento en la provincia que podrán quedar afectadas al cobro de peaje. Lo que se recaude por el cobro de peaje formará parte de un fondo vial, junto a otros recursos.
El cuerpo que preside el diputado Ernesto Novoa (DC-Comunidad) acordó que los vehículos radicados en la provincia quedarán exceptuados total o parcialmente hasta un 99% del pago del peaje, según lo determine la reglamentación de la ley. El valor de la contribución de peaje será determinado para cada tipo de vehículo, categoría, banda horaria, peso de carga transportada y número de ejes del mismo
Al explicar el alcance del proyecto, Francisco Lépore (Avanzar), dijo que el objetivo es mejorar las condiciones de las rutas, en particular de aquellas con tránsito pesado. Explicó que el mecanismo previsto es similar al vigente en la capital neuquina, con arcos sobre los caminos, con visores que captan las patentes, y que el cobro será mediante mecanismos digitales.
En sentido similar, subrayó que el espíritu de la ley es que el peaje lo pague la actividad hidrocarburífera y defendió la respuesta del gobierno provincial a la ciudadanía ante la paralización de la obra pública dispuesta por Nación.
Desde Neuquén Federal, el diputado Carlos Coggiola señaló que la iniciativa permitirá que la actividad hidrocarburífera aporte a la obra pública de la provincia y lo enmarcó en los ingresos del sector y en que es uno de los principales actores de la rotura de las rutas. Asimismo, consideró que es una herramienta ante la necesidad de buscar alternativas por la decisión del gobierno nacional de paralizarlas y mencionó también el costo al indicar que un kilómetro de construcción de ruta cuesta alrededor de 1,5 millón de dólares.
El diputado Claudio Domínguez (MPN) propuso modificaciones del orden de la técnica legislativa y recalcó que el proyecto de ley apunta a las empresas petroleras que utilizan la ruta. A la vez, evaluó que las empresas radicadas en la provincia también tendrían que tener una diferenciación en el peaje respecto de aquellas de otras jurisdicciones.
Por el PRO-NCN, el diputado Marcelo Bermúdez expresó que conceptualmente está de acuerdo con el sistema de peaje y consideró “justo que el que usa una ruta lo pague”. En tanto, su compañero de bloque Damián Canuto indicó que se trata de una herramienta legal que permitirá el cobro inmediato al tránsito pesado chileno e hidrocarburífero.
Su par de JxC-UCR, César Gass, reclamó mayor claridad la redacción de los proyectos que envía el Poder Ejecutivo y pidió incorporar al articulado las rutas que van a ser alcanzadas por la ley. En sentido similar se pronunció el diputado de Hacemos Neuquén, Guillermo Monzani, e hizo referencia al impuesto al combustible que fue creado para el mantenimiento de toda la red vial nacional pero fue desvirtuándose con los sucesivos gobiernos nacionales y “no llega a lo que fue creado”. En ese sentido, indicó que el sistema de peaje “es una curita” que sirve para mantenimiento y no para la construcción.
Por Unión por la Patria, los diputados Darío Martínez y Darío Peralta se pronunciaron en contra de sobrecargar a los ciudadanos y pidieron que se consulte al Poder Ejecutivo y a la Cámara Hotelera Turística precisiones sobre las obras planificadas y sobre cómo va a impactar el cobro de peaje en el sector turístico. Asimismo, se pronunciaron a favor de que la industria hidrocarburífera pague el deterioro y el arreglo de las rutas.
El diputado Andrés Blanco (PTS-FIT-U) criticó la propuesta al asegurar que es una propuesta pensada para proteger a la industria hidrocarburífera que-acotó- factura 25 mil millones de pesos por día y advirtió que el pago recae en los ciudadanos. “Este peaje va a terminar concesionado, no va a ser de la provincia”, aseguró tras solicitar que se invite al Ministro de Infraestructura y a referentes del movimiento “No al Peaje”, planteo que no prosperó.
