La OIT y la Cepal denunciaron que 300 mil menores serían víctimas del trabajo infantil

Nacionales.

La Organización Internacional del Trabajo y la Comisión Económica para América Latina convocaron a adoptar urgentes medidas ante el impacto de la crisis por la pandemia.

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Comisión Económica para América Latina (Cepal) aseguraron hoy que el impacto de la pandemia de coronavirus conduciría a más de 300 mil menores y adolescentes al trabajo infantil, por lo que convocaron a adoptar urgentes medidas ante la crisis.

Los organismos difundieron un informe para conmemorar el Día Internacional contra el Trabajo Infantil, que se celebra este viernes.

“El devastador impacto de la Covid-19, que genera reducción de ingresos y elevados niveles de inseguridad económica, aumentaría significativamente la cantidad de menores y adolescentes obligados a trabajar en América Latina y el Caribe”, alertaron la OIT y la Cepal en un comunicado de prensa.

También sostuvieron que “la desaceleración de la producción, el desempleo, la baja cobertura de protección social, la ausencia de seguridad social y los mayores niveles de pobreza favorece el aumento del trabajo infantil”.

Uno de los principales factores de inseguridad e inestabilidad económica en los hogares es que la jefa o jefe trabaje en condiciones de informalidad. La protección social es mínima y los contratos laborales son inexistentes”OIT – CEPAL
Los indicadores podrían aumentar de forma significativa si no se adoptan medidas y estrategias para reducir ese impacto, agregó el documento, que inició el estudio en México, Perú y Costa Rica sobre la base de los resultados del “Modelo de Identificación del Riesgo del Trabajo infantil (MIRTI)”, y estimaron que ese flagelo aumentaría entre 1 y 3 puntos en la región.

Ello implicaría que al menos entre 109 mil y 326 mil niños y adolescentes ingresen al mercado laboral, sumándose a los 10,5 millones actuales.

El documento reseñó que el porcentaje de ese grupo social de entre 5 y 17 años en situación de trabajo infantil en América Latina y el Caribe se redujo de 10,8 por ciento en 2008 a 7,3 en 2016, lo que equivalió a una disminución de 3,7 millones de personas, puntualizaron los organismos en el documento.

La OIT y la Cepal afirmaron que “el aumento del desempleo y la pobreza afectarán de forma severa el bienestar de las familias, en especial las de aquellas en condiciones de pobreza extrema, que suelen habitar viviendas inadecuadas”.

“Uno de los principales factores de inseguridad e inestabilidad económica en los hogares es que la jefa o jefe trabaje en condiciones de informalidad. La protección social es mínima y los contratos laborales son inexistentes”, indicaron.

Además, sostuvieron que el cierre temporal de las escuelas es otro factor que provoca el aumento del trabajo infantil, por lo que “ese grupo social debe ocupar el centro de las prioridades a través del diálogo social tripartito para ofrecer respuestas que consoliden avances en la reducción de la problemática”.

Los organismos propusieron acciones para “la prevención efectiva, la identificación y localización de menores y adolescentes que trabajan y la restitución de sus derechos y el de sus familias”, y propusieron “el establecimiento de transferencias y la aplicación de un ingreso básico de emergencia por seis meses para todos aquellos en situación de pobreza”, puntualizaron.

La OIT, que conduce Guy Ryder, y la Cepal colaboran con la “Iniciativa Regional América Latina y el Caribe Libre de Trabajo Infantil” para generar conocimiento a fin de informar y ofrecer evidencia que contribuya a adoptar decisiones sobre políticas preventivas y de erradicación del empleo infantil.

Trabajo infantil: una realidad silenciada y vigente que se agrava por la pandemia

El trabajo infantil en nuestro país constituye un delito. Sin embargo, hay creencias populares o afirmaciones tradicionales que sustentan una práctica que en lo cotidiano somete a miles de niños/as y adolescentes. Ideas como “el trabajo dignifica”, “es mejor que un niño trabaje a que esté robando” o “las niñas que realizan tareas domésticas en el hogar no están trabajando” son habituales y contribuyen a tolerar o enmascarar la situación de explotación infantil.

De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo, trabajo infantil es “todo encargo que priva a los niños de su niñez, su potencial y su dignidad, y que es perjudicial para su desarrollo físico y psicológico”. La explotación infantil suele darse junto a otras vulneraciones de derechos tales como la falta de alimentación, la deserción escolar e insuficientes controles y cuidado de la salud. Sin embargo, es clave recordar también que conlleva una reducción de los espacios recreativos y de juego que se vuelven escasos o inexistentes cuando un niño/a es explotado. El juego para los niños, niñas y adolescentes no es un privilegio ni una actividad secundaria, sino un derecho humano con una función vital para el desarrollo integral y resguardado por la Convención de los Derechos del Niño.

Según la última Encuesta de Actividades de Niños, Niñas y Adolescentes en Argentina la problemática del trabajo infantil afecta a un 10% de la población infantil. Los últimos datos indican que los niños y niñas de entre 5 y 15 años que realizan algún tipo de trabajo alcanzan los 7,6 millones. Todo indica que la situación actual de pandemia y crisis económica profundizará esta realidad. La pandemia que atravesamos agravará la delicada situación de millones de familias que ya se encontraban sumidas en la pobreza y que enfrentarán la situación económico-sanitaria con mayores necesidades y carencias. En muchos casos el trabajo infantil aparece ligado a estrategias de supervivencia familiar y ante el golpe económico es más probable que más niños, niñas y adolescentes ingresen en el mercado laboral como consecuencia directa del incremento del desempleo y la pobreza.

Promover o encubrir el trabajo infantil es una vulneración severa a los derechos del niño y un delito penado por la legislación vigente en nuestro país. Vale la pena recordar aun en tiempos de crisis, que el hecho de que un niño o niña trabaje no dignifica, sino que empobrece, vulnera y oprime poniendo en riesgo su desarrollo pleno y próspero para su vida presente y futura.

Erradicar el trabajo infantil, garantizar la continuidad educativa, fortalecer las protecciones económicas, el acompañamiento especializado para las familias y la implementación de programas de inclusión laboral debe ser una prioridad del Estado en todo momento y particularmente en un contexto proclive a generar más situaciones para la vulneración de los derechos de los niños, niñas y adolescentes.

Solo con el posicionamiento de los derechos humanos como principal directriz para la generación de nuevas políticas públicas en la Argentina se mitigará el impacto a corto y mediano plazo de la pandemia y se protegerá el desarrollo integral para todos los niños y adolescentes.

Fuente: Télam