Avanzan leyes de “último adiós” y de actualización del régimen de promoción y regulación de la actividad apícola

Política.

La comisión de Legislación de Asuntos Constitucionales y Justicia (A) adhirió por unanimidad al despacho de la comisión de Desarrollo Humano y Social (C) que garantiza el acompañamiento y la asistencia humanizada de las personas que según valoración clínica se encuentren en el final de sus vidas, o que hayan fallecido a causa del COVID-19, otra enfermedad terminal o por trauma, en el contexto de pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

La diputada Karina Montecinos (JC) y autora de una de las iniciativas, dijo que el despacho que aúna tres proyectos y que podría ser tratado en la sesión de esta semana luego de su paso por la comisión de Hacienda y Presupuesto, Cuentas y Obras Públicas (B), “aporta una herramienta para intervenir y dar posibilidad a los pacientes y familiares para acompañar y contener al paciente y a sus seres queridos”.

Explicó que hoy algunas clínicas cuentan con esta posibilidad aunque no son todas y es por ello que esta ley permitiría a otros nosocomios contar con la herramienta para que no solo los pacientes por COVID-19 sino también los que se encuentran en el final de sus vidas por otras patologías “tengan la posibilidad de dar un ultimo adiós a sus seres queridos”.

Por su parte, Carlos Coggiola (PDC) autor de otro de los proyectos, explicó que se amalgamaron tres propuestas para establecer un protocolo muy especifico para enfermos terminales COVID-19 a los que se sumó otras pacientes terminales de otras patologías y terminales por trauma de accidentes o violencia.

Señaló, además, que el despacho logrado legisla sobre la transitabilidad dentro de las distintas localidades de la provincia y que se incorporó la transitabilidad desde otras provincias hacia Neuquén “para permitir que los familiares puedan circular libremente para asistir a los pacientes esta situación”.

La iniciativa contó con los votos favorables de las diputadas y diputados Maximiliano Caparroz, María Laura du Plessis, Ludmila Gaitán, Soledad Martínez, Darío Peralta, César Gass, Karina Montecinos, Carlos Coggiola, Andrés Peressini, Fernando Gallia, Andrés Blanco y Francisco Rols.

La comisión “A” también adhirió al despacho de la comisión “E” que establece el régimen para la promoción y regulación de la actividad apícola provincial, se adhiere al Registro Nacional de Productores Apícolas (Renapa), y se crean la Mesa Sectorial Apícola de la Provincia del Neuquén, el Registro Provincial de Entidades Apícolas de la Provincia del Neuquén y el Fondo Apícola Provincial.

José Ortuño (MPN) hizo un repaso por el debate y tratamiento de la iniciativa en la comisión de origen, de Producción, Industria y Comercio, que contó con la participación del ministro de Producción, Facundo López Raggi, representantes de SENASA y productores apícolas de toda la provincia y explicó que la iniciativa girada desde el Ejecutivo provincial busca actualizar la ley vigente que data de 1987. También opinó que “esta actualización es una herramienta para el fomento y crecimiento de la actividad apícola que tiene gran valor en mercados locales e internacionales”.

A su turno, el diputado Darío Peralta (FdT) expresó algunas diferencias en el despacho que se emitió y adelantó que solicitará su modificación cuando la norma sea tratada en particular. En ese sentido, dijo que con las modificaciones propuestas se busca dar prioridad a los pequeños y medianos productores; sumarlos a la mesa sectorial apícola; e incorporar la paridad de género.

Peralta opinó que esta ley puede salir con gran consenso y ser una ley muy útil “pero necesitamos que estén todos los actores adentro”. Dijo, además, que las modificaciones solicitadas “darán gran visibilidad a los pequeños y medianos productores que tienen menos de 200 colmenas y que son el 78% de los productores” y dijo que las opiniones y pedidos de esos productores no fueron incorporadas a la ley.

El presidente de la comisión, Maximiliano Caparroz (MPN), avaló que se presenten el pedido de modificación cuando se trate la ley en particular y estimó importante considerar la paridad de género. También recordó que los pequeños y medianos productores están nucleados en Cámaras que “dan cobijo a todos los productores y funcionan como nexo con el gobierno”.

La iniciativa que será girada a la comisión “B” contó con los votos de las diputadas y diputados Caparroz, du Plessis, Gaitán, Gass, Montecinos, Coggiola, Peressini, Gallia, Rols y Sánchez. Por la negativa lo hicieron Mansilla (en reemplazo de Fernández Novoa), Martínez, Peralta y Blanco.

También durante la reunión de la comisión las diputadas y diputados adhirieron por unanimidad al despacho de la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable (H), por el cual se adhiere a la Ley Nacional 25 817 de creación del Programa Nacional de Educación para la Prevención Sísmica. Posteriormente a Comisión “B”.

Andrés Peressini (Siempre) explicó que el objetivo de este proyecto es que se puedan generar contenidos para las aulas que tengan que ver con dar a conocer que estamos en una zona sísmica, cómo deben ser las construcciones en estas áreas y cuáles son las medidas de prevención y precaución en caso de terremoto.

Votaron a favor de la iniciativa Caparroz, du Plessis, Gaitán, Mansilla, Martínez, Peralta, Gass, Montecinos, Coggiola, Peressini, Gallia, Blanco, Rols y Sánchez; y se gira a comisión “B”.

También por unanimidad, la comisión ‘A’ acompañó al despacho de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología (D) que adhiere a la Ley nacional 26 917, de creación del Sistema Nacional de Bibliotecas Escolares y Unidades de Información Educativas en el marco de lo prescripto en la Ley de Educación Nacional 26.206.

La diputada María Fernanda Villone (MPN) consideró que esta ley es un beneficio para los establecimientos educativos que tienen bibliotecas, archivos o museos “porque la ley conecta a través de un sistema nacional que permite que todas las escuelas puedan estar interrelacionadas y pudiendo compartir entre ellas los archivos de cada escuela”.

Votaron a favor Caparroz, du Plessis, Gaitán, Mansilla, Martinez, Peralta, Gass, Montecinos, Coggiola, Peressini, Gallia, Blanco y Rols; y pasa a comisión “B” para su debate.

Finalmente la comisión continuó con el tratamiento de la iniciativa que establece que las personas condenadas por delitos de corrupción, contra la vida, la integridad sexual, el estado civil y delitos contra la libertad, no pueden ser candidatos o ser designados a cargos públicos electivos o partidarios, y se incorpora el inciso e) al artículo 68 del Código Electoral -Ley 3053- de la provincia.

La diputada de Juntos por el Cambio, Leticia Esteves, comentó que se incorporó a la iniciativa las modificaciones que habían sido propuestas por los distintos bloques y dijo que el proyecto de Ley de ‘Ficha Limpia’ se está debatiendo en siete provincias y que en una acción de recolección de firmas realizada en Neuquén, 2.000 neuquinos acompañaron la iniciativa en 48 horas. “Es un mensaje que tenemos que darle a la sociedad” remarcó.

Por su parte, Maximiliano Caparroz dijo que desde el bloque del MPN “estamos de acuerdo con la cuestión de fondo pero estamos analizando lo de la condena en segunda instancia” por lo que propuso más tiempo de debate en esta comisión. En este sentido explicó que “Neuquén tiene la tradición de resguardar los derechos y la segunda instancia no es sentencia firme”.

Darío Peralta (FdT) aludió a la presunción de inocencia del artículo 18 de la Constitución Nacional y dijo que en caso de sancionarse esta ley “permitiría apelar por su presunción de inocencia al no tener sentencia firme que no es la segunda instancia”. En este sentido, pidió que se convoque a un experto en derecho constitucional para asesorar en la materia.

Peralta opinó el tema amerita seguir en discusión en la comisión y señalo que “también deberían incluirse delitos de lesa humanidad, la tenencia de pornografía infantil”.

Su par de bancada, Soledad Martínez, consideró que “no es menor la diferencia entre segunda instancia y sentencia firme. No es una cuestión semántica ni de redacción, sino que se atenta contra los derechos constitucionales y se afecta a nuestro sistema de derecho que declara la presunción de inocencia”.

Por la Democracia Cristiana, Carlos Coggiola opinó que “es un proyecto importante y las señales a la comunidad son importantes pero no pueden condicionar una ley. La legalidad de una norma no se puede poner en discusión”. “No se trata de moralidad sino de que la ley que sancionemos no pueda ser objetada por su constitucionalidad”, concluyó.

Coggiola señaló que “todos los delitos contra la administración pública que inhabilitan a ocupar un cargo público en el Código Penal requieren sentencia firme y esta ley, para el mismo delito, no lo hace”. En ese sentido, adhirió a mantener el debate en comisión y consideró que “no puede exigirse un tratamiento exprés porque no hay elecciones provinciales hasta el 2023, no nos corre ningún plazo”.

Formaron parte de la reunión las diputadas María Laura du Plessis, Ludmila Gaitán, María Soledad Martínez, Karina Montecinos; y los diputados Maximiliano Caparroz, Andrés Blanco, Carlos Coggiola, Mariano Mansilla (en reemplazo de Sergio Fernandez Novoa), Fernando Gallia, Cesar Gas, Darío Peralta, Andrés Peressini, Francisco Rols y Carlos Sánchez.