Con tres exposiciones, continúa el debate de la ley orgánica notarial

Política.

La comisión de Legislación de Asuntos Constitucionales y Justicia (A) avanzó en el debate de las distintas iniciativas tendientes a establecer una ley orgánica que regule el ejercicio de la función notarial y la profesión de escribano/a, contemplando la creación de nuevos registros de Contratos Públicos. Lo hizo al entrevistar a la escribana Ana Carla Serino, y a los escribanos Gabriel Tapia Vergara y Germán Witte.

La escribana Serino consideró necesaria la reforma integral de la ley notarial pero opinó que el examen de oposición debe ser aplicado a los escribanos que se matriculen a partir de la entrada de vigencia de la ley porque, dijo “debe tenerse en cuenta los principios de temporalidad de la ley y que las leyes no tienen efectos retroactivos”. También se refirió a los puntajes por capacitaciones y por docencia.

Serino también estimó que se necesitan al menos 50 nuevos registros notariales en toda la provincia, pero especialmente en Neuquén, Centenario y Senillosa “donde debe tenerse en cuenta el crecimiento desmesurado de los últimos 27 años”.

Por su parte, Gabriel Tapia Vergara aludió a los proyectos presentados por el Colegio de Escribanos, el del MPN y el de la diputada Esteves como los que responden a las apreciaciones del colegio de profesionales y señaló que los dos últimos “tienen elementos importantes que es la paridad de género en la conformación del jurado y en la composición del consejo directivo que son aportes importantes que no deben ser ignorados”.

Tapia Vergara también señaló que “es una ley que en 40 años no se ha aplicado ni se ha reformado” y refirió a que la falta de creación de registros en la ciudad de Neuquén durante 27 años devino en una sobrecarga de trabajo.

Por último, el escribano adscripto Germán Witte señaló que en la ciudad hay 33 registros y opinó que deberían crearse 60 o 70. “Todos los proyecto proponen menos cantidad de nuevos registros porque se basan en un censo de 2010 que fue previo al boom de Vaca Muerta”, dijo.

Witte también opinó que los adscriptos deberían tener representación gremial en el colegio profesional que hoy sólo está compuesto por escribanos titulares y pidió que la ley que se sancione sea “una ley moderna y propia a la provincia, que implique quitar privilegios de unos pocos y dar equidad en el acceso a los registros”.

El presidente de la comisión, Maximiliano Caparroz (MPN) agradeció las exposiciones y convocó a continuar con el debate, recibiendo nuevos invitados en la próxima reunión de la comisión.

Por otro lado, la comisión emitió despacho por unanimidad de la iniciativa que establece que las bicicletas que por hechos ilícitos, contravenciones o por cualquier otro motivo, se encuentren en resguardo de la policía de la provincia y no sean reclamadas por sus legítimos dueños, sean destinadas a organizaciones, civiles y estatales, con finalidad social y deportiva.

El presidente de la comisión expresó que se trabajó en una propuesta de despacho que “contempla las inquietudes expresadas en la reunión anterior” pero descartó contemplar en la norma la publicación de edictos porque “le agrega un costo económico innecesario y no menor a la ley”.

Desde el Frente de Todos, Darío Peralta, señaló su preocupación por el criterio que va a usar la autoridad de aplicación para donar las bicicletas a las distintas instituciones y pidió que quede expresado en la ley. También insistió en la publicación de edictos y opinó sobre la forma de probar la propiedad con el número que los fabricantes graban en el cuadro y “que es registrado a nombre de su dueño en los comercios”.

Germán Chapino (MPN) dijo que el criterio será reglamentado por la autoridad de aplicación que es el Ministerio de Seguridad y Justicia y recordó que “las bicicletas que serán entregadas en donación llevan al menos 12 meses en custodia policial esperando ser reclamadas por sus dueños”.

La iniciativa que será girada a la comisión “B” contó con el acompañamiento de las diputadas y diputados Caparroz, du Plessis, Gaitán, Fernández Novoa, Martínez, Peralta, Gass, Montecinos Coggiola, Peressini Gallia, Blanco, Rols y Sánchez.

Por otro lado, el cuerpo adhirió por unanimidad al despacho de la Comisión “C”, por el cual se adhiere a la Ley nacional 27 552 y crea el Programa de atención integral para la persona que padece fibrosis quística de páncreas o mucoviscidosis, y el Consejo Asesor Profesional; y se deroga la Ley 3226. Hizo lo propio con el despacho de la Comisión “D”, por el cual se declara a la ciudad de Villa el Chocón como Capital Provincial de la Paleontología.

Por último, la comisión desestimó el proyecto de “Ficha limpia” al no conseguir los votos para su despacho. Lo hizo luego de entrevistar a la abogada María Cristina Girotti, especialista en derecho constitucional quien se refirió al proyecto por la cual se establece que las personas condenadas por delitos de corrupción, contra la vida, la integridad sexual, el estado civil y delitos contra la libertad, no pueden ser candidatos o ser designados a cargos públicos electivos o partidarios.

Girotti se explayó sobre el principio de inocencia aludido en el debate de la propuesta y opinó que “este principio no es un tapón a todo y no siempre rige de manera absoluta”. En ese sentido, agregó que “el hecho de que no se puede ser condenado sin juicio previo no impide que durante el juicio se tomen algunas medidas que impliquen una restricción a los derechos” y las comparó con diversas medidas cautelares en los civil y en lo penal.

La especialista en derecho constitucional explicó que este principio cambia en derecho penal y en derecho civil, y que “en lo electoral aún no está definido aunque hay dos fallos de la Cámara electoral respecto de dos candidatos”.

Girotti comparó la propuesta legislativa con lo que sucede en España “donde desde 2003 no pueden ser candidatos quienes tienen una sentencia no firme por diversos delitos y que, desde 2011 sumó los delitos contra la administración publica”.

Por otro lado, la abogada constitucionalista dijo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos establece en su artículo 23 que se pueden reglamentar los derechos políticos por condena de juez competente pero no habla de condenas firmes.

La autora del proyecto, Leticia Esteves (JC) recordó que a sugerencia de sus pares, la propuesta aplica la inhabilitación con sentencia en segunda instancia.

El diputado Caparroz expresó el no acompañamiento del bloque del MPN porque “nos preocupa algunas cuestiones que van en contra de normas que ya tenemos” y aludió a la sentencia firme referidas en el artículo 23 de la Constitución provincial y las leyes 3233 y 3053.

“Neuquén ha avanzado en estos temas y ha sido clara, quizás no necesitamos esta ley porque ya tenemos la herramienta”, concluyó.

La iniciativa contó con el voto favorable de la diputada Montecinos y los diputados Coggiola y Gass; y la negativa de Caparroz, du Plessis, Gaitán, Fernández Novoa, Martínez, Peralta, Peressini, Gallia, Blanco y Sánchez.

Formaron parte de la reunión de la comisión “A” las diputadas María Laura du Plessis, Ludmila Gaitán, María Soledad Martínez y Karina Montecinos; y los diputados Maximiliano Caparroz, Andrés Blanco, Carlos Coggiola, Sergio Fernandez Novoa, Fernando Gallia, Cesar Gass, Darío Peralta, Andrés Peressini, Francisco Rols y Carlos Sánchez.

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