La comisión Especial avanzó en el análisis de las medidas cautelares dispuestas en casos de violencia contra la mujer
Política.
La Comisión Especial Interpoderes creada por Resolución 1.111 para revisar las leyes provinciales de protección de los derechos de las mujeres y erradicación de la violencia así como toda nueva iniciativa que implique o refiera a la materia, recibió hoy a la Jueza de Familia de Zapala, Gloria Martina quien expuso sobre su experiencia y opinó sobre las necesidades y oportunidades de mejora de la legislación vigente. También brindó su opinión a través de un documento escrito el Juez de Familia de Rincón de los Sauces, Sebastián Villegas.
La titular del juzgado zapalino que participó de la reunión de forma virtual hizo hincapié en la necesidad de evaluar la extensión de las sanciones al incumplimiento de las medidas de restricción que, actualmente, es de 1 a 5 días de arresto. En ese sentido señaló que “se debería agregar a la legislación vigente una herramienta para los jueces de familia que les permita trabajar a partir del día 6, es decir, luego de los 5 días de arresto”. También comentó que, en la práctica y desde el juzgado que encabeza, descartó aplicar los apercibimientos para los casos de incumplimiento porque “al ofensor se le explica todo al momento de notificarlo, si incumple se le aplica directamente el arresto”.
Martina agregó que esta medida es adecuada porque “con el arresto se consigue reducir la reiteración de los hechos porque los ofensores le temen a la cárcel”. También consideró que el arresto tira abajo el discurso y la idea de impunidad del agresor y empodera a la víctima que, con la aplicación de estas medidas, se siente protegida.
La funcionaria judicial ponderó las medidas cautelares como “el esqueleto o sostén de la justicia familiar” pero consideró que el tiempo máximo de 5 días de arresto para los incumplimientos es corto y propuso extender el mismo hasta los 30 días porque “ese tiempo nos permitiría poner en marcha la maquinaria del proceso penal y que empiece a funcionar rápidamente en resguardo de la víctima”.
La magistrada recalcó que no sólo debe existir una sanción ante los hechos de violencia sino que es necesario que la misma tenga una temporalidad y dijo que “si no es así se corre el riesgo de revictimizar a la mujer no sólo por el riesgo de sufrir un nuevo hecho de violencia sino porque la víctima se siente defraudada por la Justicia y desprotegida”.
Finalmente, la funcionaria instó a trabajar en una ley de protección integral de la mujer que abarque todos los aspectos y que trabaje de forma más especializada y con un juez especializado en violencia para que no hayan decisiones contradictorias porque es muy probable que una mujer que es víctima de violencia doméstica también sufra violencia en otros ámbitos. “Con una ley de protección integral se podría conseguir la preservación de la integridad psicoemocional de la mujer”, concluyó.
Por su parte, la subsecretaria de las Mujeres, Patricia Maistegui, coincidió en la eficacia de los arrestos ante casos de incumplimiento de las restricciones para casos de violencia y agregó que si bien lo principal es proteger a la mujer, “inmediatamente que un hombre es arrestado por incumplir las restricciones de acercamiento debe emplearse el Dispositivo de Atención al Varón para empezar a trabajar en una solución”.
Finalmente Maistegui hizo hincapié en la necesidad de “tener el mismo criterio en todos los organismos que participan para no agravar la situación y que las mujeres no se sientan cada vez más alejadas de la justicia”.
Redondeando la reunión, Soledad Gennari compartió un documento elaborado por la Subsecretaría de Planificación con cifras de medidas de prohibición de acercamiento impuestas en los últimos tres años, el grado de incumplimiento, y las órdenes de arresto dictadas en consecuencia. En ese punto destacó el incremento en el índice de judicialización que en 2019 llegaba al 34%, en el 2020 al 67%, similar a lo que va del 2021. Dichos incumplimientos condujeron a 59 arrestos en 2019, 75 en 2020 y 26 en lo que va del 2021.
A la luz del informe, Gennari señaló que el grado de incumplimiento se mantiene entre el 9 y el 11%, lo que se traduce en que en 2019 se vulneraron 270 restricciones de acercamiento, 258 en 2020 y 216 en 2021. Estas situaciones significaron un código A+ que implica un riesgo de femicidio muy grande.
Formaron parte de la reunión de la comisión que preside la vocal del TSJ Soledad Gennari, las diputadas María Laura du Plessis, Ludmila Gaitán, Soledad Salaburu; Patricia Maistegui por la Subsecretaria de las Mujeres; Verónica Berzano por el Ministerio Público de la Defensa; y la prosecretaria legislativa Aylén Martín Aimar.