Histórico acuerdo: el grupo grassi se impone en el salvataje de vicentin y avanza hacia la administración de la empresa
En un hecho considerado histórico para la agroindustria argentina, el Grupo Grassi habría conseguido las adhesiones necesarias para quedarse con la administración de Vicentin S.A.I.C., imponiéndose así sobre la propuesta presentada por el tándem Molinos Agro – Louis Dreyfus Company (LDC) en la instancia final del cramdown o proceso de salvataje.
Según trascendidos, la oferta de Grassi logró superar los límites exigidos por la Ley de Concursos y Quiebras, obteniendo más del 51% del capital y los dos tercios del pasivo total, requisitos indispensables para ser homologada por la Justicia.
Por su parte, la alianza Molinos Agro–Dreyfus habría alcanzado la mayoría en cantidad de acreedores, pero Grassi fue el primero en presentar las conformidades válidas ante el Juzgado Civil y Comercial de Reconquista, a cargo del juez Fabián Lorenzini, lo que le otorga ventaja en el proceso. El plazo para la entrega de adhesiones vencía este sábado a las 0 horas.
Ahora, la Sindicatura deberá verificar la documentación y, posteriormente, el juez Lorenzini dictará la resolución de homologación de la propuesta, paso que abrirá el camino para el traspaso formal de la compañía —actualmente bajo administración judicial— y el inicio del plan de pagos a los acreedores.
Como parte de su plan de reactivación, el Grupo Grassi anunció acuerdos estratégicos con Bunge y Cargill, que participarán en la operación de las plantas, los puertos y el comercio exterior. Además, selló una alianza con Porta Hnos., referente cordobés en la producción de etanol, para gestionar la planta industrial de Vicentin en Avellaneda.
historia de vicentin: un emblema de crisis y controversias
Vicentin, fundada en 1929 en Avellaneda (Santa Fe), se convirtió en una de las agroexportadoras más emblemáticas de Argentina, liderando el mercado de soja y girasol durante décadas. Sin embargo, su trayectoria quedó marcada por el default declarado en diciembre de 2019, tras acumular deudas superiores a los US$ 1.500 millones, principalmente con bancos extranjeros y productores agrícolas. Este colapso generó un escándalo nacional: acusaciones de estafa a acreedores, maniobras de vaciamiento, y un frustrado intento de expropiación por parte del gobierno de Alberto Fernández en 2020, que fue rechazado por el Congreso y generó protestas masivas. El proceso concursal, iniciado en febrero de 2020 bajo intervención judicial, se extendió por más de cinco años con denuncias de corrupción, irregularidades en préstamos del Banco Nación (por más de $18.000 millones) y disputas entre acreedores. Con esta definición, Vicentin encara la etapa final de un extenso proceso judicial, marcando un nuevo capítulo en la historia de una empresa que pasó de ser un ícono del agro argentino a un símbolo de fragilidad financiera y polémicas políticas.










