Escándalo y justicia en Bahía Blanca: el juicio por falsa denuncia que sacude al sistema judicial (VIDEO)

En Bahía Blanca, la Justicia argentina lleva adelante uno de los procesos judiciales más controvertidos de los últimos años, centrado en Fiorella Belén Damiani, una mujer que fue consejera escolar electa en esa ciudad y está siendo juzgada por falso testimonio agravado tras haber denunciado en 2017 una violación que, según la investigación, nunca ocurrió.

El caso comenzó la madrugada del 19 de julio de 2017, cuando Damiani presentó ante la justicia una denuncia de abuso sexual con acceso carnal en contra de Joaquín Álvarez y Fernando Pereyra, tras un encuentro social en un bar de Punta Alta. La denuncia derivó en la detención de los dos hombres y la imputación por un delito grave que podría haberles acarreado años de cárcel.

Años después, en el curso de la investigación, aparecieron archivos de video grabados en el encuentro sexual que mostraron que la relación fue plenamente consentida. Las imágenes, recuperadas de la nube por la defensa, mostraban que los tres participantes estaban de acuerdo en lo que ocurrió y no había indicios de coerción.

Gracias a esa evidencia audiovisual, Álvarez y Pereyra recuperaron su libertad y fueron absueltos de los cargos, poniendo en evidencia la inexistencia del hecho denunciado originalmente.

A partir de esos elementos probatorios, la Justicia decidió invertir la investigación y pasar de tratar a Damiani como víctima a acusarla por el delito de “falso testimonio agravado”, previsto en el artículo 275 del Código Penal argentino, que establece penas de de uno a diez años de prisión cuando una persona miente en el marco de una causa penal perjudicando a terceros.

Damiani fue detenida el 10 de abril de 2025 en Bahía Blanca una vez que la investigación judicial acumuló suficientes pruebas sobre la falsedad de su denuncia. Más tarde, recuperó la libertad bajo caución mientras el proceso continuaba.

El 23 de febrero de 2026, el Tribunal Oral Criminal N°1 de Bahía Blanca inició el juicio oral y público contra Damiani, que se extendió por varias audiencias en las que se analizaron las pruebas, incluidos los videos.

Durante el proceso, la acusada optó en varias ocasiones por no escuchar los testimonios de los involucrados y en un momento sufrió una descompensación emocional que obligó a suspender su declaración para recibir asistencia médica.

En los alegatos de cierre, tanto la fiscalía como la querella pidieron una pena de hasta 9 años de prisión efectiva para Damiani, solicitando que la condena sea ejemplificadora dado el daño causado a los hombres que fueron injustamente acusados y privados de su libertad.

Por su parte, la defensa planteó que no todos los videos presentados eran originales o fehacientes, y pidió la absolución de su cliente o, en su defecto, la aplicación de la pena mínima prevista por la ley, argumentando que la acusada había brindado explicaciones sobre los hechos en el momento de los hechos.

Este caso no solo involucra cuestiones penales, sino que también plantea interrogantes sobre cómo se investigan y valoran las denuncias de abuso sexual, el uso de pruebas audiovisuales en causas judiciales y las consecuencias que tienen las falsas acusaciones tanto para los acusados como para el sistema de justicia.

La sentencia estaba programada para ser dada a conocer el miércoles 4 de marzo de 2026, fecha en la que el tribunal debe decidir si Damiani será condenada y, en su caso, qué pena deberá cumplir.

El caso de Fiorella Damiani se ha convertido en un juicio emblemático en Argentina que pone en tensión la necesidad de proteger a las verdaderas víctimas de delitos sexuales y, al mismo tiempo, garantizar que los mecanismos de justicia no sean usados de manera abusiva o equivocada. Esta causa recuerda que la veracidad de una denuncia es una pieza central del sistema penal, y que la obligación de las partes funcionarios, testigos y denunciantes es colaborar con la búsqueda de la verdad y no manipularla.