Quién es Galvarino Apablaza: el exguerrillero chileno prófugo, acusado de un crimen político y con una larga historia en Argentina

En medio de un fuerte escenario político regional y en la antesala de la llegada del dirigente chileno José Antonio Kast a la Argentina, la Justicia intensificó la búsqueda de Galvarino Sergio Apablaza Guerra, un exguerrillero que lleva más de tres décadas vinculado a uno de los casos más sensibles de la historia reciente de Chile.

Apablaza, de 75 años, es requerido por la Justicia chilena por el asesinato del senador Jaime Guzmán, ocurrido el 1 de abril de 1991, ya en plena democracia. Además, se lo vincula con otros hechos de alto impacto, como el secuestro del empresario Cristián Edwards. Para Chile, se trata de uno de los responsables de delitos graves vinculados al terrorismo político.

Apablaza fue uno de los principales dirigentes del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, una organización armada nacida del Partido Comunista de Chile que actuó durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).

Este grupo llevó adelante acciones armadas contra el régimen militar, incluyendo atentados y operaciones de alto impacto. Tras el retorno de la democracia en Chile, algunos de sus integrantes continuaron en la clandestinidad, en medio de un escenario de alta tensión política.

Dentro de esa estructura, Apablaza es señalado como uno de los líderes y presunto autor intelectual del crimen de Guzmán, un influyente dirigente de derecha, ideólogo de la Constitución de 1980 y referente político del propio Kast.

El exguerrillero llegó a la Argentina en 1993 y desde entonces comenzó un largo proceso judicial y político que le permitió permanecer en el país durante décadas.

En 2004 fue detenido tras un pedido de captura internacional, pero en 2005 recuperó la libertad mientras avanzaba el proceso de extradición. Ese mismo año, el Estado argentino le otorgó el estatus de refugiado político, bajo el argumento de que en Chile no tendría garantías de un juicio justo.

Durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, ese estatus fue ratificado, lo que le permitió vivir legalmente en el país, principalmente en la localidad bonaerense de Moreno junto a su familia.

Sin embargo, en 2017, la administración de Mauricio Macri revocó esa condición, reactivando el proceso de extradición. Desde entonces, la situación de Apablaza quedó judicializada, con recursos y apelaciones que demoraron su definición final.

En los últimos días, la jueza María Servini ordenó su detención con fines de extradición, luego de que se rechazaran los últimos recursos judiciales que buscaban sostener su condición de refugiado.

Cuando efectivos de Interpol allanaron su vivienda en Moreno, Apablaza ya no se encontraba allí, lo que derivó en su actual condición de prófugo. A raíz de esto, el Gobierno argentino ofreció una recompensa millonaria para quienes aporten datos que permitan su captura.

El caso Aigo y las sospechas

En paralelo, su nombre volvió a aparecer en el debate público en relación con el crimen del suboficial neuquino José Aigo, asesinado en 2012 en un paraje rural cercano a Junín de los Andes.

Si bien no existen imputaciones judiciales directas contra Apablaza en esa causa, sectores políticos y mediáticos han planteado interrogantes sobre una posible vinculación indirecta o sobre su entorno, especialmente en torno a la fuga de los sospechosos chilenos involucrados en ese hecho. Hasta el momento, estas hipótesis no han sido comprobadas en sede judicial.

La figura de Apablaza se encuentra en el centro de un complejo entramado que combina derechos humanos, internacional, historia reciente y tensiones políticas entre Argentina y Chile.

Mientras su defensa insiste en que sigue siendo un refugiado político protegido por normas internacionales, el Estado chileno exige su extradición para juzgarlo por uno de los crímenes más emblemáticos de su historia democrática.

Hoy, con un pedido de captura activo y una recompensa vigente, el paradero de Galvarino Apablaza vuelve a ser una incógnita que mantiene en vilo a la Justicia y reaviva un caso que lleva más de 30 años sin resolución definitiva.