Proponen descentralizar los controles bromatológicos y crear unidades operativas en las siete regiones de Neuquén

La diputada Carina Riccomini, del bloque Juntos, presentó un proyecto para crear unidades bromatológicas regionales, con el objetivo de descentralizar las tareas de registro, habilitación, inspección y fiscalización en toda la provincia.

La legisladora sostiene que gran parte de las funciones vinculadas al control bromatológico provincial se concentra actualmente en la ciudad de Neuquén. Esto implica que los equipos técnicos deban trasladarse por todo el territorio para realizar inspecciones, verificaciones, capacitaciones y otras actuaciones necesarias para habilitar establecimientos y productos alimenticios. Según argumenta, la situación ocasiona mayores tiempos de respuesta, dificultades logísticas y limitaciones para acompañar el crecimiento de emprendimientos y pequeñas empresas alimentarias radicadas en el interior.

“La creación de unidades bromatológicas regionales no debe ser entendida únicamente como una medida administrativa, sino como una política de desarrollo productivo regional”, sostiene Riccomini en los fundamentos. También señala que la iniciativa contribuiría a mejorar la vigilancia alimentaria, fortalecer la inocuidad de los alimentos elaborados en la provincia y garantizar una presencia estatal más eficiente, adaptada a las realidades productivas de cada región.

El proyecto propone crear una unidad en cada una de las siete regiones de la provincia. De esta manera, los trámites y controles podrían realizarse en las zonas donde se producen y elaboran los alimentos. Las unidades implementarían territorialmente las funciones de registro, habilitación, inspección y fiscalización bromatológica, y promoverían la coordinación interinstitucional y el acompañamiento técnico a los municipios.

Entre las tareas previstas se encuentran tramitar la inscripción de establecimientos y productos alimenticios en los registros nacionales; habilitar establecimientos y productos; realizar inspecciones y controles; verificar el cumplimiento del Código Alimentario Argentino; tomar muestras de alimentos para su análisis; y capacitar a elaboradores y municipios en manipulación e inocuidad alimentaria. También podrían celebrar convenios con laboratorios para realizar los análisis necesarios.

Las unidades funcionarían bajo criterios estandarizados de evaluación para aplicar el Código Alimentario Argentino, sus reglamentaciones y demás normativa vigente. Según la información del proyecto, dependerían del Ministerio de Economía, Producción e Industria y contarían, como mínimo, con dos profesionales especializados en alimentos o disciplinas afines, personal administrativo e infraestructura adecuada para desarrollar sus tareas.