Debaten pedido para que el Ejecutivo impulse protocolos consensuados con las microrregiones ante la incipiente reactivación de industrias económicas

Política.

La comisión de Legislación del Trabajo y Asuntos Laborales (I) analizó hoy un pedido de Juntos por el Cambio para que el gobierno provincial elabore protocolos en conjunto con referentes del interior frente a la inminente reactivación de distintas actividades económicas tales como el turismo y la cosecha frutícola, entre otras. Los diputados y las diputadas debatieron la iniciativa que luego fue sometida a votación y no alcanzó los ocho votos necesarios para convertirse en despacho de comisión. A la vez, el cuerpo que preside Sergio Fernández Novoa (FdT) comenzó el tratamiento del proyecto que permite el retiro voluntario de empleados estatales a fin de disminuir el gasto público del Ejecutivo provincial. 

Al explicar el pedido al gobierno de la provincia para que elabore protocolos en conjunto con las microrregiones, la diputada Ayelén Quiroga (JC) aseguró que en la actualidad rige un trabajo “descoordinado” entre los distintos niveles del Estado y remarcó la importancia de contar con “claridad, coherencia y medidas uniformes” en los protocolos que regirán en localidades del interior para el ingreso y egreso de personas. Dijo que los residentes de localidades turísticas desconocen los requisitos que deberán solicitar ante la inminente reactivación de la actividad turística y adelantó que solicitará un pedido de informe para conocer en detalle el accionar del gobierno en la materia.

A su turno, desde el MPN, la diputada María Fernanda Villone aseguró que el Ejecutivo provincial impulsó medidas de prevención de propagación del COVID-19 en forma conjunta con los municipios, tal como el gobierno nacional lo hizo con las distintas jurisdicciones del país. Fundamentó el voto negativo del bloque a la iniciativa en tanto “el gobierno ya viene implementando un trabajo coordinado con cada localidad” y dijo que las demandas o inquietudes de los referentes políticos locales deben plasmarse en los respectivos Comités de Emergencia locales. Indicó que el gobierno de la provincia “respeta las decisiones de los gobiernos locales y las autonomías municipales” y destacó la labor de la Secretaría del Interior y Gobiernos Locales en la materia. 

Al momento de la votación, la propuesta alcanzó sólo siete votos aportados por los bloques JC, FdT, PS-FIT y PDC.

En otro orden, en la reunión de hoy, la comisión inició el tratamiento parlamentario del proyecto que implementa un régimen de retiro voluntario para el personal de la administración pública de la provincia. Al explicar la medida, el diputado y autor, Carlos Coggiola (PDC) hizo hincapié en el carácter de voluntariedad para acceder al régimen y añadió que el fin último es disminuir el gasto del Estado provincial.

Al hablar, Coggiola dijo que el retiro voluntario constituye una herramienta para alivianar los números de “las golpeadas arcas provinciales”, al igual que la propuesta de pasividad anticipada. En este caso, remarcó que no se trata de una jubilación adelantada, en tanto el régimen implica que la persona sigue siendo empleada del Estado, con un sueldo reducido, y por lo tanto con el retiro no ingresa al ISSN para su jubilación. 

“El retiro no se le impone a nadie” dijo Coggiola al indicar que constituye una decisión del trabajador que, incluso, puede ser rechazada por el empleador en caso de tratarse de una función indelegable que requiera de una nueva contratación de personal.

El diputado señaló que ambas propuestas de su autoría “son herramientas para bajar el gasto público” y se refirió al reciente antecedente en la provincia de Chubut que implicó numerosas adhesiones al régimen por parte de la planta estatal de trabajadores.

El cuerpo acordó consultar la opinión de los gremios que nuclean a trabajadores estatales, así como también a la cartera de Economía para conocer en detalle la cantidad de trabajadores en condiciones de acceder a la posible pasividad anticipada y la incidencia de la medida en los números de la provincia. 

Al inicio de la reunión, se acordó “realizar gestiones” desde la presidencia del cuerpo ante la Subsecretaría de Trabajo de la provincia para que fiscalice el cumplimiento de la legislación laboral en empresas y cooperativas que prestan distintos servicios en hospitales, clínicas y centros de salud de la provincia. El pedido, impulsado por el bloque PTS-FIT, deriva de las denuncias del plantel trabajador de distintos sectores del Sistema de Salud. En efecto, el diputado de dicho espacio político, Andrés Blanco se refirió a las condiciones de precarización laboral “de los trabajadores de la primera línea” que combaten la pandemia y exigió la intervención de la cartera de Trabajo que hasta el momento actuó con “total pasividad”. Informó que existen contratos que llevan más de veinte años de renovación, sin garantías ni continuidad laboral, y que, en ese marco, el 65% de los trabajadores no logra el reconocimiento contractual correspondiente y vuelve a “foja cero” con permanentes contrataciones nuevas. 

Participaron de la reunión los diputados Sergio Fernández Novoa, Lucas Castelli, Andrés Blanco, Germán Chapino, Carlos Coggiola, Fernando Gallia, Mariano Mansilla y Carlos Sánchez; y las diputadas Laura Bonotti, María Laura du Plessis, Soledad Martínez, Ayelén Quiroga y Fernanda Villone.