Ley para prevenir y sancionar la discriminación, la xenofobia y el racismo en la provincia

Política.

Los diputados César Gass y Lucas Castelli, y la diputada Leticia Esteves de Juntos por el Cambio presentaron un proyecto de ley para crear un nuevo marco normativo de reparación y sanción ante actos discriminatorios, con el fin último de erradicar la discriminación, la xenofobia y el racismo en la provincia. Establece mecanismos concretos para trabajar contra la discriminación, al tiempo que promueve la generación de políticas públicas para una prevención activa de las conductas discriminatorias. La medida apunta a garantizar “la igualdad, la no discriminación y la promoción de la pluralidad”.

El articulado indica que la propuesta garantiza y promueve la plena vigencia del principio de igualdad y no discriminación, con vistas a asegurar el efectivo ejercicio de los derechos de todas las personas; previene la discriminación en todas sus formas, a través de la implementación de políticas públicas inclusivas y acciones afirmativas que promuevan la igualdad de oportunidades y fomenten el respeto a la diversidad y a la dignidad; y sanciona y repara los actos discriminatorios, garantizando la tutela judicial efectiva y generando condiciones aptas para erradicar la discriminación, la xenofobia y el racismo.

A tal fin, se define el alcance de los conceptos de discriminación y actos discriminatorios, al tiempo que determina el procedimiento de la denuncia -administrativo o judicial, según corresponda-, para los casos en que una persona sufra discriminación y busque ser resarcida. Serán legitimadas de interponer acciones judiciales o administrativas, la propia persona víctima de discriminación, la Defensoría del Pueblo de la provincia, el Instituto Nacional contra la Discriminación, Xenofobia y el Racismo (INADI), la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, la Subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia, así como las asociaciones civiles que propendan a la defensa de los Derechos Humanos, la eliminación de toda forma de discriminación o la promoción de los derechos de las personas discriminadas.

La iniciativa especifica, además, aspectos vinculados a los procedimientos tanto administrativos como judiciales, puntualizando, para este último caso, en cuestiones como la figura del Amicus curiae, carga dinámica de la prueba, intervención de la autoridad de aplicación en el proceder judicial y la legitimación penal. En efecto, contempla la reparación del daño colectivo para aquellos casos en los que el tribunal entienda que existió afectación social a un grupo. Los condenados culpables por el hecho deberán realizar alguna de las siguientes medidas dentro de la reparación del daño colectivo: campañas de sensibilización sobre los efectos negativos de la discriminación; programas internos de capacitación e información sobre los Derechos Humanos y el derecho a la igualdad y la no discriminación; acciones positivas a favor del grupo discriminado; o difusión de disculpas públicas al grupo discriminado.

En cuanto a la prevención, la propuesta indica que la autoridad de aplicación – a cargo de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia- deberá impulsar políticas orientadas a evitar situaciones de discriminación. Constituyen ámbitos prioritarios de aplicación de la política pública de igualdad y no discriminación los servicios de salud, educación y sociales, establecimientos públicos comerciales y de servicios así como espectáculos deportivos y artísticos, con especial énfasis en aquellas personas o grupos que son susceptibles de experimentar situaciones de discriminación múltiple. A la vez, se prevén capacitaciones sobre los alcances de la ley en la Administración Publica provincial, así como también se incluyen los principios generales de la norma en los programas educativos oficiales.

Los fundamentos retoman el marco jurídico internacional, nacional y local sobre el que se basa el proyecto, que apunta a generar un marco regulatorio formal de protección al principio de no discriminación. En otro tramo, definen la discriminación como el acto de excluir, agredir o marginar a una persona o grupo en función de determinadas características reales o imaginarias por las cuales se lo trata como inferior, limitando y negando sus derechos y oportunidades.

El proyecto de ley (14428) ingresó por Mesa de Entradas el 15 de junio.