Cupo laboral para víctimas de trata: desde el Comité especializado avalan la propuesta
Regionales.
La comisión de Legislación del Trabajo y Asuntos Laborales (I) recibió hoy a Jorge Blanco, delegado provincial del Comité de lucha contra la trata de personas. Lo hizo en el marco del debate del proyecto que crea un cupo laboral para víctimas rescatadas de distintas modalidades de trata.
Sobre el tema, el cuerpo que preside el diputado Sergio Fernández Novoa (FT) convocará también para un próximo encuentro a la Subsecretaria de Derechos Humanos, Alicia Comelli. En otro orden, en la reunión de esta mañana, la comisión emitió despacho para solicitarle al Ejecutivo Nacional que incluya al personal de farmacias en el decreto que otorga una asignación estímulo al personal considerado esencial durante la pandemia por Covid-19.
“Estamos enfrentando un delito que deja 150 mil millones de dólares anuales”, afirmó Jorge Blanco -delegado de Neuquén del “Comité de lucha contra la trata y explotación de personas y para la protección y asistencia a las víctimas”- al referirse a la trata de personas en sus distintas modalidades: sexual, laboral, venta de órganos y recién nacidos y servidumbre forzada o esclavitud. En ese sentido, aseguró que para contrarrestar al crimen organizado “el Estado se debe organizar y generar herramientas” para combatir el flagelo y clasificó a la ley en debate como una de ellas.
En su intervención, informó que la Patagonia “no escapa” del escenario nacional sobre el delito: en los últimos tres meses, se rescataron 37 personas a partir de la denuncia al 145, línea de atención telefónica gratuita para recibir información, solicitar asistencia y denunciar ante casos de trata de personas. A la vez, detalló que un 70% de las personas es víctima de explotación laboral y el otro 30% de explotación sexual. Bajo tales estadísticas, se refirió a la preponderancia de la industria de la agricultura en la zona, que replica el mecanismo del narcotráfico: “producción, consumo, tránsito”.
Informó también que, de sancionarse la norma, Neuquén se convertiría en la tercera provincia del país en contar con una ley de cupo laboral en la materia. La propuesta en debate contempla incentivos impositivos para las empresas privadas que ocupen a víctimas de trata y explotación de personas, mientras que para el sector público plantea que se reserven puestos de trabajo en una proporción no menor al 1% del total del personal.
Blanco destacó el “trabajo articulado y coordinado” entre los múltiples organismos nacionales que abordan la materia y el gobierno de la provincia, en la órbita de una Mesa interinstitucional y el Comité, y remarcó que la ley permitirá avanzar en la recomposición de la víctima más allá de la prevención del delito. “Es una ley netamente humana, es devolverle otra vez sus derechos” a las víctimas de trata y explotación, afirmó el delegado del Comité.
El proyecto permanecerá bajo análisis en comisión con la participación de la Subsecretaria de Derechos Humanos, Alicia Comelli, en un próximo encuentro.
En otro orden, el cuerpo emitió despacho unánime al proyecto de comunicación que le solicita al gobierno nacional que contemple al plantel trabajador de farmacias en el Decreto 315/2020 —Personal de la Salud. Asignación estímulo—, por reunir las mismas características que el personal esencial.
Lo hizo luego de escuchar al secretario general y al tesorero de la Asociación Trabajadores de Farmacia de Neuquén, Ignacio Cuevas y Hugo Muñoz -respectivamente-, quienes se pronunciaron a favor del pedido en tanto se desempeñaron “en la primera línea” con la llegada de la pandemia por Covid-19, sin la vigencia de los protocolos de protección actuales. “Quedamos fuera de varios decretos”, dijo Cuevas, al recordar que tampoco fueron considerados como grupo prioritario para la colocación de la vacuna y tras sostener que la inclusión en el decreto nacional permitirá que obtengan “los mismos beneficios” que el personal considerado esencial.
Estuvieron presentes los diputados Sergio Fernández Novoa, Fernando Gallia, Carlos Coggiola, Germán Chapino, Mariano Mansilla y Andrés Blanco; y las diputadas María Fernanda Villone, Soledad Martínez, Karina Montecinos, María Laura du Plessis y Lorena Parrilli.










