Recompensa de $20 millones por el exguerrillero chileno Galvarino Apablaza: está prófugo y reactivan su búsqueda internacional

El Gobierno nacional oficializó una recompensa de $20 millones para quienes aporten información que permita dar con el paradero de Galvarino Sergio Apablaza Guerra, exlíder del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, actualmente prófugo de la Justicia y requerido por Chile desde hace años.

La medida fue formalizada a través de la resolución 302/2026 del Ministerio de Seguridad, publicada en el Boletín Oficial. Según se informó, quienes cuenten con datos relevantes podrán comunicarse de forma anónima a la línea gratuita 134 del Programa de Recompensas, garantizando la confidencialidad de la información.

Apablaza Guerra está acusado por la Justicia chilena de haber participado en el asesinato del senador Jaime Guzmán en 1991, así como en el secuestro de Cristián Edwards, hijo del propietario del diario El Mercurio. Por estos hechos, Chile reclama su extradición para someterlo a juicio.

El exguerrillero residía en la localidad bonaerense de Moreno, pero al momento de concretarse el operativo para su detención, ya no se encontraba en el domicilio, lo que derivó en su condición de prófugo.

La orden de captura fue firmada por la jueza María Servini, en el marco de una causa iniciada en 2010 tras un pedido de extradición de Chile. El proceso judicial ha tenido múltiples idas y vueltas: durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner se le otorgó el estatus de refugiado político, decisión que posteriormente fue revocada por la administración de Mauricio Macri.

En paralelo, el tema volvió a cobrar relevancia tras la reciente visita del dirigente chileno José Antonio Kast al presidente Javier Milei, en un contexto de renovados reclamos por parte del gobierno chileno para avanzar en la captura del acusado.

Desde Chile, el ministro del Interior, Claudio Alvarado, solicitó a las autoridades argentinas intensificar los esfuerzos para localizar a Apablaza, en el marco de la cooperación judicial internacional.

Por su parte, la defensa del exguerrillero sostiene que mantiene su condición de refugiado político. Su abogado, Rodolfo Llanzón, afirmó que su cliente fue víctima de torturas durante la dictadura de Augusto Pinochet, argumento que —según indicó— respalda su protección bajo normas internacionales.

El caso, que lleva décadas sin resolución definitiva, vuelve así al centro de la escena judicial y política, mientras se intensifica la búsqueda de uno de los prófugos más emblemáticos vinculados a causas de terrorismo en la región.