SEJuN repudió la inadmisibilidad del jury contra la jueza Andrea Di Prinzio y declaró el estado de alerta
José Cusit
Publicado en mayo 8, 2026
El Sindicato de Empleados Judiciales de Neuquén (SEJuN) expresó su “más enérgico repudio” a la decisión de la Comisión Especial del Jurado de Enjuiciamiento que resolvió declarar inadmisible el pedido de jury contra la jueza Andrea Di Prinzio, denunciada por hechos de violencia laboral en la IV Circunscripción Judicial.
Desde la organización sindical señalaron que la resolución constituye “un antecedente de extrema gravedad institucional”, al considerar que relativiza denuncias vinculadas a situaciones de maltrato, hostigamiento y violencia laboral sufridas por trabajadores y trabajadoras judiciales.
El gremio recordó que la presentación original fue realizada por SEJuN a mediados de 2025 y cuestionó que, tras varios meses de actuaciones e investigación administrativa, la Comisión sostenga que no existen elementos suficientes para avanzar en el procedimiento.
“Lejos de tratarse de una ausencia de hechos, lo que corresponde es profundizar la investigación”, señalaron desde el sindicato, remarcando que incluso la propia Comisión recomendó continuar las actuaciones administrativas.
En ese marco, SEJuN declaró el estado de alerta en toda la provincia y comenzó a desarrollar distintas acciones sindicales en la IV Circunscripción Judicial, particularmente en Junín de los Andes y San Martín de los Andes, donde se realizaron asambleas y retiros de personal.
Además, el sindicato informó que realizará reuniones con trabajadores y trabajadoras de la circunscripción junto al asesor legal de la organización, Dr. Federico Egea, con el objetivo de analizar los alcances de la resolución y definir los pasos a seguir.
“Este proceso no puede cerrarse de espaldas a las víctimas”, expresaron desde la conducción provincial del gremio, agregando que “la violencia laboral no puede ser tolerada, encubierta ni relativizada dentro del Poder Judicial”.
Finalmente, desde SEJuN reafirmaron que continuarán impulsando “todas las acciones institucionales, legales y sindicales necesarias” para acompañar a los trabajadores afectados y exigir respuestas institucionales frente a situaciones de violencia laboral.
