Puerta giratoria: preocupación en Junín de los Andes tras la liberación de dos sospechosos vinculados a una seguidilla de robos

La Policía destacó el trabajo realizado durante 48 horas para esclarecer cerca de 15 hechos delictivos, recuperar el 95% de los elementos sustraídos y detener a los sospechosos. Sin embargo, tras la audiencia judicial, la mujer recuperó la libertad y el hombre quedó con prisión domiciliaria. El caso vuelve a poner en debate el funcionamiento de la Justicia Penal y la sensación de inseguridad en la comunidad.

La localidad de Junín de los Andes quedó nuevamente atravesada por un debate que excede un caso policial puntual: ¿qué sucede cuando el esfuerzo de la Policía, la colaboración de los vecinos y la investigación fiscal terminan con personas sospechadas de numerosos delitos nuevamente en libertad?

La situación fue expuesta por el comisario mayor Guillermo Alfaro, director de la Dirección de Seguridad Interior Junín de los Andes, quien describió el trabajo desarrollado durante las últimas 48 horas por distintas dependencias policiales y áreas de investigación.

Según explicó Alfaro, una pareja integrada por Lorena Andrea Gallardo y Carlos Ezequiel Vázquez estaría vinculada, de acuerdo con la investigación, con aproximadamente 15 hechos delictivos registrados en la localidad entre el lunes y el miércoles.

La investigación policial permitió realizar un allanamiento durante el miércoles, procedimiento en el que, según informó el jefe policial, se recuperó aproximadamente el 95% de los elementos que habían sido denunciados como sustraídos, entre ellos bicicletas, televisores, computadoras y otros bienes.

La tarea involucró a personal de la Comisaría 25ª, Criminalística, áreas de Investigaciones y efectivos de la División Tránsito, además de la articulación con el Ministerio Público Fiscal.

Pero horas después se produciría un nuevo episodio que terminaría de instalar el caso en la agenda pública.

Un nuevo hecho y un efectivo policial herido

De acuerdo con el relato del comisario Alfaro, después de que los sospechosos fueran demorados y posteriormente liberados, se produjo otro procedimiento durante la noche.

Los investigadores observaron a las personas que se movilizaban en bicicleta y se inició una persecución. En determinado momento, el hombre ingresó al patio de una vivienda y, durante la intervención policial, un efectivo fue herido gravemente en una pierna con un elemento cortante.

Mientras el policía era asistido por otro efectivo, la mujer habría regresado hasta el lugar, tomado un móvil policial y recorrido aproximadamente 350 metros hasta el río Chimehuín, donde el vehículo fue arrojado deliberadamente al agua, según la reconstrucción brindada por Alfaro.

El efectivo lesionado recibió atención médica y, según explicó el comisario, deberá permanecer en reposo laboral y continuar con controles médicos. La herida requirió 10 puntos de sutura.

El episodio demandó nuevamente un amplio despliegue policial durante toda la noche, con participación y colaboración de vecinos que aportaron imágenes de cámaras y otros elementos que podían resultar útiles para la investigación.

“El pueblo de Junín de los Andes colaboró con todo el personal policial”. remarcó el Comisario

Uno de los aspectos destacados por Alfaro fue precisamente el acompañamiento de la comunidad.

El comisario remarcó que los vecinos aportaron imágenes y testimonios que permitieron reconstruir parte de la secuencia de los hechos.

“El pueblo de Junín de los Andes, cómo colaboró con todo el personal policial, fue increíble”, señaló el jefe policial al describir el operativo.

Esa colaboración vuelve a mostrar la importancia que tienen las cámaras particulares, los testimonios y la comunicación entre vecinos y Policía para esclarecer delitos, especialmente en localidades donde gran parte de la comunidad se conoce y existe una fuerte interacción entre instituciones y habitantes.

El punto que mayor preocupación generó entre los investigadores fue la decisión adoptada luego de la audiencia de formulación de cargos.

Según se informó en la entrevista, Lorena Andrea Gallardo recuperó su libertad, con una restricción de acercamiento de 200 metros respecto de determinados testigos.

En el caso de Carlos Ezequiel Vázquez, se dispusieron dos meses de prisión domiciliaria.

Alfaro señaló además que Vázquez había cumplido una condena y había recuperado la libertad aproximadamente ocho meses antes.

El comisario explicó que desde la Policía y el Ministerio Público Fiscal se había trabajado sobre alternativas para alojar a ambos sospechosos en unidades diferentes, por lo que, según indicó, la disponibilidad de alojamiento no habría impedido una eventual detención.

La resolución generó un fuerte malestar dentro de la institución policial.

“Nos deja en una situación de desamparo, no solamente a nosotros, sino obviamente a toda la comunidad”, expresó Alfaro al referirse a la decisión judicial.

El caso vuelve a instalar en Junín de los Andes una discusión que desde hace años atraviesa a la Justicia Penal: la denominada “puerta giratoria”.

Neuquén implementó desde 2014 un nuevo Código Procesal Penal, basado en un sistema acusatorio que separa las funciones de investigación y acusación de las funciones jurisdiccionales. El modelo busca garantizar el debido proceso, la defensa en juicio y que la prisión preventiva no sea utilizada como una pena anticipada.

Las garantías judiciales son indispensables en un Estado de Derecho. Una persona imputada no puede ser considerada culpable hasta que exista una sentencia que así lo determine.

Sin embargo, esto no impide que la sociedad discuta cómo se aplican las medidas cautelares cuando existen antecedentes, reiteración de hechos, nuevos delitos durante una investigación o presuntos ataques contra efectivos policiales.

Ese es precisamente el interrogante que vuelve a aparecer en Junín de los Andes.

Porque para los vecinos y para los policías que participaron durante horas en un procedimiento, resulta difícil comprender que después de recuperar bienes robados, realizar allanamientos, perseguir a sospechosos, sufrir un efectivo una lesión y recuperar un vehículo policial arrojado al río, los principales involucrados puedan volver rápidamente a la comunidad.

Alfaro fue contundente al describir el esfuerzo realizado.

Durante 48 horas trabajaron efectivos de distintas áreas, recolectando pruebas, revisando filmaciones, realizando procedimientos y coordinando acciones con la Fiscalía.

Y ese trabajo tuvo resultados concretos: identificación de sospechosos, allanamientos y recuperación de gran parte de los elementos denunciados como robados.

Pero el jefe policial reconoció que la decisión judicial resultó “desalentadora” para quienes participaron del operativo.

La Policía, además, debe cumplir ahora con el control de la prisión domiciliaria. Según explicó Alfaro, mientras se gestiona la colocación del dispositivo electrónico correspondiente, los efectivos realizan rondines sorpresivos y aleatorios en el domicilio fijado judicialmente.

Incluso se debe coordinar con la Secretaría de Seguridad la instalación técnica de la tobillera electrónica, verificando que el domicilio cuente con las condiciones necesarias para que el sistema funcione correctamente.

El caso no debería reducirse únicamente a una discusión entre “garantismo” y “mano dura”.

El verdadero desafío consiste en encontrar un equilibrio entre las garantías constitucionales de toda persona imputada y el derecho de la sociedad a vivir segura.

Junín de los Andes no quiere que quienes son señalados reiteradamente por hechos delictivos vuelvan a las calles sin que exista un seguimiento adecuado. Tampoco quiere que sus policías arriesguen la vida, resulten heridos y después tengan la sensación de que todo ese esfuerzo termina sin consecuencias.

La comunidad necesita respuestas.

Y esas respuestas no dependen exclusivamente de la Policía. También involucran a fiscales, jueces, legisladores, autoridades de Seguridad y responsables del sistema penitenciario.

La discusión sobre la Justicia Penal neuquina lleva más de una década. Doce años después de la implementación del sistema acusatorio, el desafío es determinar si las garantías y la celeridad procesal están acompañadas por herramientas suficientemente eficaces para proteger a las víctimas, controlar a quienes reinciden y evitar que quienes vuelven a delinquir inmediatamente después de recuperar la libertad terminen protagonizando nuevos hechos.

Mientras tanto, en Junín de los Andes queda una imagen difícil de ignorar: policías trabajando durante horas, vecinos aportando pruebas, un efectivo herido y un móvil policial terminado en las aguas del Chimehuín.

La pregunta que queda instalada en la sociedad es simple y contundente:

¿Quién protege a los vecinos cuando quienes son sospechados de cometer reiterados delitos vuelven a las calles?

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