Petróleo en Malvinas: abogados ambientalistas y excombatientes buscan frenar el proyecto que comenzaría a perforar en 2027

La Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas (AAdeAA) y el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM) presentaron una acción ante el Juzgado Federal de Río Grande para suspender el avance del proyecto hidrocarburífero Sea Lion, que prevé iniciar perforaciones en aguas próximas a las Islas Malvinas a comienzos de 2027.
Las organizaciones solicitaron la suspen

sión de obras, perforaciones y movimientos del lecho marino, junto con medidas para bloquear nuevas operaciones financieras vinculadas al emprendimiento. El yacimiento se ubica en los bloques PL032 y PL004b de la Cuenca Malvinas Norte, a unos 220 kilómetros al norte de las islas. Es impulsado por Navitas Petroleum (65 % y operadora) y Rockhopper Exploration (35 %). Según el cronograma de las compañías, la producción arrancaría en 2027.

Riesgo ambiental como eje central
La demanda pone el acento en los posibles impactos sobre los ecosistemas del Mar Argentino y las Islas del Atlántico Sur. Advierten sobre efectos de las perforaciones, el movimiento del fondo marino, el tránsito de embarcaciones, el uso de químicos y el riesgo de derrames. La zona concentra una elevada biodiversidad marina peces, aves y mamíferos protegidos y un incidente podría afectar ecosistemas interconectados más allá del área inmediata de explotación.

Por eso, las entidades sostienen que la Justicia debe intervenir de manera preventiva, antes de que comiencen las perforaciones, ante el peligro de daños irreversibles o de muy difícil reparación.
Soberanía y autorizaciones cuestionadas
Otro eje de la presentación es la disputa de soberanía. AAdeAA y CECIM argumentan que las autorizaciones otorgadas por la administración británica de las islas no resultan suficientes frente al ordenamiento jurídico argentino. La Cancillería argentina ya rechazó la decisión final de inversión anunciada por las empresas y mantiene que el desarrollo de recursos naturales en la zona se realiza sin autorización del Estado argentino, en contradicción con resoluciones de las Naciones Unidas.

Mientras tanto, las compañías continúan avanzando bajo las autorizaciones de las autoridades isleñas. Durante 2026 se registraron avances en infraestructura en las islas y se fabrica equipamiento para la primera fase. Navitas mantiene el objetivo de producción en 2028 y evalúa ampliar capacidad con un segundo buque FPSO.

La acción no se limita a las actividades extractivas. Las organizaciones pidieron impedir que las empresas celebren nuevos contratos, reciban desembolsos o constituyan garantías para el proyecto. Solicitaron identificar a bancos, fondos de inversión y aseguradoras involucrados, e incluso un embargo preventivo sobre bienes y activos de las compañías por 156,4 millones de dólares.

El conflicto alrededor de Sea Lion vuelve a poner en el centro tres cuestiones estrechamente vinculadas: la soberanía argentina sobre las Malvinas, la explotación de hidrocarburos y la protección ambiental del Atlántico Sur. Para los demandantes, la discusión no puede esperar al inicio de la producción: reclaman que la Justicia actúe de forma preventiva para evitar que una eventual afectación del ecosistema marino patagónico y antártico llegue cuando el daño ya sea irreversible.