La Justicia dejó firme el desalojo del camping del lago Correntoso y la comunidad Paicil Antriao agotó las vías para frenarlo

La comunidad mapuche Paicil Antriao agotó las vías judiciales para frenar la devolución del camping ubicado sobre el lago Correntoso. Así quedó firme la orden de desalojo que pesa sobre ese predio turístico, uno de los más emblemáticos de Villa La Angostura, y que a partir de ahora deja en manos del juez la posibilidad de intimar a una entrega voluntaria o disponer el desalojo con auxilio de la fuerza pública.
La resolución cierra, al menos en esta instancia, un conflicto que lleva más de 15 años de litigio y que condensa una disputa mucho más antigua: quién tiene derecho sobre la tierra en una localidad nacida y expandida sobre territorio mapuche.
El origen del conflicto no es el camping en sí, sino el territorio.
La familia Paicil Antriao habitó históricamente la zona del lago Correntoso y el faldeo del cerro Belvedere, cuando Villa La Angostura todavía no existía como villa turística. Con el avance del Estado, la mensura de tierras, la llegada de pobladores y el desarrollo turístico, esas familias fueron perdiendo el control efectivo de sus tierras, en un proceso que la bibliografía académica describe como parte de la creación de ciudades turísticas sobre territorio indígena en la zona andina de Neuquén.
A comienzos del siglo XXI, la comunidad inició su proceso de reconstitución como lof, es decir, de reorganización comunitaria, identitaria y territorial, luego de décadas en las que esa pertenencia había quedado interrumpida o invisibilizada. Ese proceso está documentado en investigaciones académicas que señalan que, “a comienzos del siglo XXI, la comunidad de Paicil Antriao comenzó su reconstrucción, que había sido interrumpida desde la etapa territoriana”.
Fue en ese contexto cuando el conflicto se judicializó. La comunidad comenzó a reivindicar como territorio ancestral distintos sectores hoy ocupados por emprendimientos turísticos y propiedades privadas, entre ellos el predio del camping del lago Correntoso, que la comunidad explota y considera parte de su territorio, y otras parcelas del cerro Belvedere.
Del otro lado, propietarios y poseedores con títulos inscriptos sostienen que adquirieron esas tierras de buena fe, con escrituras y antecedentes dominiales, y que la ocupación comunitaria es ilegítima. Esa colisión entre propiedad privada titulada y posesión ancestral indígena es el núcleo jurídico del expediente.
El caso del camping no es el único. En paralelo tramitó otro litigio emblemático sobre 12 hectáreas en el cerro Belvedere, vinculadas al exbasquetbolista Emanuel Ginóbili, quien compró ese lote. En ese expediente, una primera decisión había ordenado a las familias desalojar en 30 días, pero la Segunda Cámara de Apelaciones de Neuquén anuló ese fallo por contradicciones y fallas en la valoración de la prueba y el caso pasó al Tribunal Superior de Justicia de Neuquén.
Ese antecedente explica por qué el conflicto de Villa La Angostura no puede leerse como un simple desalojo: cada expediente se inscribe en una misma disputa territorial, pero con actores, títulos, pruebas y resoluciones diferentes.
En el caso del camping, según la información publicada el 20/11/2026, la comunidad no logró revertir la orden de desalojo. Es decir, los recursos interpuestos para frenar la entrega del predio fueron rechazados o quedaron agotados, y la sentencia que ordena la restitución quedó firme y en condiciones de ejecutarse.
A partir de este punto, el trámite pasa a la etapa de ejecución de sentencia. En esa fase el juez no vuelve a discutir quién tiene razón sobre el fondo, sino que debe hacer cumplir lo resuelto: primero, en general, se intima a la entrega voluntaria en un plazo determinado y, si no se cumple, se puede ordenar el desalojo forzoso.
Esa es la instancia más sensible del conflicto. La comunidad sostiene que el desalojo implica una afectación a su identidad, a su forma de vida y a su derecho al territorio ancestral, reconocido por la Constitución Nacional y por tratados internacionales. Los actores que reclaman la restitución, en cambio, sostienen que se trata del cumplimiento de una sentencia firme luego de un proceso prolongado, con pleno derecho de defensa.
La causa se tramita en el fuero civil de la Justicia provincial de Neuquén, con asiento en la zona de Villa La Angostura, dentro de la estructura judicial de la provincia.
Por la materia en juego —reivindicación, posesión y desalojo de un inmueble— interviene un Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, que es el que dictó la decisión de fondo y el que ahora debe conducir la ejecución.
En el recorrido del expediente también intervinieron instancias superiores, como la Cámara de Apelaciones, que revisa las decisiones de primera instancia, y, en otros tramos del conflicto territorial de la comunidad, el Tribunal Superior de Justicia de Neuquén, máxima instancia provincial.
Aclaración para la edición: el número de expediente, la carátula exacta y el nombre del juez que quedó a cargo de la ejecución no surgen de la información pública consultada hasta el momento. Antes de publicar, conviene confirmarlos en la cédula de notificación, en la sentencia o en la oficina judicial, para no confundir la causa del camping con la causa del cerro Belvedere / Ginóbili, que tramitan por separado aunque están vinculadas al mismo conflicto territorial.
Con la orden firme, los escenarios posibles son tres:
- Entrega voluntaria pactada, con plazo, inventario y condiciones de salida.
- Mediación o acuerdo político-institucional, con intervención de organismos provinciales, municipales o nacionales, para buscar una solución que evite el desalojo forzoso.
- Desalojo forzoso, si se vence el plazo y no hay acuerdo ni nueva medida judicial que lo suspenda.
Mientras tanto, la comunidad y las organizaciones que la acompañan mantienen su reclamo territorial y advierten que el desalojo del camping no cierra el conflicto de fondo en Villa La Angostura, sino que lo vuelve a poner en el centro del debate público.
Fuente: Imagen gentileza diarioandino










