La defensa de la tierra se instala en la agenda política: Junín de los Andes debate la soberanía territorial frente al avance de la extranjerización

Junín de los Andes.- Más de 80 vecinos participaron de un conversatorio que cuestionó las iniciativas para modificar la Ley de Tierras y convocó a una movilización regional. El encuentro reavivó el debate sobre la soberanía, los recursos naturales y el rol del Estado en la protección del territorio argentino.

La discusión sobre la propiedad de la tierra volvió a ocupar el centro de la escena política en la Patagonia. Con un salón colmado y la participación de más de 80 vecinos, organizaciones sociales y referentes comunitarios, se realizó en Junín de los Andes el conversatorio “Defender nuestros territorios”, un espacio de análisis y debate sobre la extranjerización de las tierras rurales, la preservación de los recursos naturales y las modificaciones que el Gobierno nacional impulsa sobre la legislación vigente.

La convocatoria se desarrolló en un contexto de creciente preocupación por las propuestas que buscan reformar la Ley 26.737 de Tierras Rurales, sancionada en 2011 con el objetivo de establecer límites a la compra de tierras por parte de personas y empresas extranjeras. La normativa fija un tope del 15% para la titularidad extranjera sobre tierras rurales en el ámbito nacional, provincial y departamental, además de contemplar restricciones para zonas de frontera y áreas con recursos estratégicos, como grandes reservas de agua.

Durante el encuentro, los participantes coincidieron en que el debate trasciende la cuestión de la propiedad privada y se vincula directamente con la defensa de la soberanía nacional. Para los asistentes, preservar la tierra significa también resguardar recursos estratégicos como el agua dulce, los bosques, la biodiversidad, los minerales y el patrimonio natural que constituye una de las principales riquezas del país.

La preocupación se profundiza a partir de los proyectos impulsados por el Gobierno del presidente Javier Milei, que plantea modificar el régimen vigente con el argumento de eliminar trabas a la inversión extranjera y favorecer el desarrollo económico. Sin embargo, diversos sectores políticos, académicos y organizaciones sociales sostienen que una flexibilización de la ley podría acelerar el proceso de concentración de tierras y reducir las herramientas del Estado para proteger zonas consideradas estratégicas.

Uno de los elementos que alimentó el debate fue la difusión de un mapa elaborado por investigadores del CONICET, basado en información del Registro Nacional de Tierras Rurales. El estudio indica que cerca de 13 millones de hectáreas, equivalentes al 5% de las tierras rurales argentinas, pertenecen actualmente a propietarios extranjeros. Si bien ninguna provincia supera el límite legal establecido por la ley, existen departamentos donde la participación extranjera supera ampliamente ese porcentaje.

Entre los casos señalados figuran Cushamen, en la provincia de Chubut, donde alrededor del 23% de las tierras se encuentra en manos extranjeras, y sectores de Malargüe, en Mendoza, que han cobrado relevancia por el interés minero y la disponibilidad de recursos naturales estratégicos. Los datos también muestran que ciudadanos y empresas de Estados Unidos, Italia y España concentran una parte significativa de esas propiedades.

Para los organizadores del encuentro, la situación plantea interrogantes sobre el futuro del territorio argentino y la necesidad de fortalecer políticas públicas que garanticen el control nacional sobre áreas de alto valor ambiental, hídrico y productivo. En ese sentido, remarcaron que la Patagonia representa una región clave desde el punto de vista geopolítico y que cualquier modificación a la legislación debe contemplar no solo variables económicas, sino también criterios de soberanía y protección ambiental.

Además del análisis político, el conversatorio sirvió para coordinar acciones con organizaciones de distintas localidades neuquinas. Como resultado de la jornada, se convocó a una movilización regional para el próximo jueves a las 17:30, con concentraciones previstas en Junín de los Andes, San Martín de los Andes, Zapala, Chos Malal, Villa La Angostura y la ciudad de Neuquén, en el marco de una jornada nacional en defensa del territorio.

El encuentro dejó en evidencia que el debate sobre la tierra volvió a convertirse en un tema central de la política argentina. Mientras el Gobierno nacional sostiene que flexibilizar la normativa puede atraer inversiones y dinamizar la economía, sectores sociales y ciudadanos advierten que el desafío consiste en encontrar un equilibrio entre el desarrollo económico y la protección de un patrimonio estratégico cuya importancia trasciende a las generaciones presentes.

En la Patagonia, donde la tierra, el agua y los recursos naturales forman parte de la identidad y del desarrollo regional, el mensaje surgido del conversatorio fue contundente: la discusión sobre la soberanía territorial recién comienza y promete ocupar un lugar destacado en la agenda política de los próximos meses.